ASAJA de Castilla y León no comparte los criterios del Gobierno regional, dados a conocer por la consejera de Hacienda Pilar del Olmo, de hacer una modificación tan solo puntual de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León para garantizar la limpieza electoral en próximos comicios.

ASAJA, que fue la principal damnificada en el último proceso electoral de Caja España donde un candidato independiente compró los votos a 100 euros, y la primera en denunciar irregularidades electorales, exige un cambio más profundo en la Ley que persiga no solo sancionar al que cometa acciones delictivas, sino y sobre todo evitar que los delitos o prácticas inmorales se produzcan.

Para la organización agraria la Ley actual da un escaso protagonismo a los cientos de miles de impositores, dado que poco más de un millar tienen derecho a voto, y de estos menos de la mitad concurren al proceso electoral.

ASAJA quiere que la Ley permita el sufragio libre a un número de compromisarios entre 5.000 y 10.000, según el tamaño de las cajas de la región, y que se den facilidades para el voto no ya solo en todas las provincias con implantación, sino también en muchos casos en las comarcas. Con una participación de esta magnitud, es prácticamente imposible que se cometan acciones delictivas de compra de votos a cambio de dinero o prebendas.

ASAJA exige a Pilar del Olmo que al modificar la Ley tenga en cuenta los intereses de las Cajas de Ahorro y de los impositores, así como la participación en el proceso electoral de organizaciones económicas y sociales, y sobre todo, que no tenga la vista puesta exclusivamente en los partidos políticos que acaparan todo el poder en estas entidades. Para ASAJA, la Ley actual convierte el proceso electoral en poco participativo, un proceso donde los aparatos de los partidos políticos juegan con las cartas marcadas.