7 de septiembre de 2006. Hoy se ha hecho pública la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el recurso presentado por España el 22 de julio de 2004, por el que se solicitaba la anulación del capítulo 10 bis del título IV del Reglamento comunitario, que contiene la reforma del régimen de ayudas al algodón.

En la sentencia, el Tribunal comunitario anula el nuevo régimen de ayudas del sector algodonero por considerar que se ha violado el principio de proporcionalidad. La Comisión Europea no tuvo en cuenta los costes salariales fijos para valorar la rentabilidad previsible del cultivo del algodón bajo el nuevo régimen de ayudas, ni examinó los efectos potenciales del mismo sobre la economía de las empresas desmotadoras. No obstante, quedan suspendidos los efectos de la anulación del nuevo régimen hasta que se adopte un nuevo régimen.

La reforma que motivó el recurso y que entró en vigor el 1 de enero de este año, establece una ayuda a los productores desvinculada de la producción e incluida en el régimen de pago único (el 65 por ciento del montante de ayuda total recibida en las campañas del período de referencia: 2000-2002), y una ayuda específica al cultivo vinculada a cultivar (el 35 por ciento restante).

El bajo porcentaje de ayuda acoplada, unido a la inexistencia de requisitos de cantidad y calidad de algodón cosechado para recibir la ayuda específica en el nuevo sistema, hace que se corra el riesgo de una reducción sustancial de la superficie de cultivo, de gran importancia para la economía agrícola de las zonas productoras.

Distintos estudios presentados por España para argumentar la motivación del recurso, reflejaban previsiones, para el 65 por ciento de ayuda desacoplada, de importantes descensos en superficie y producción, pérdida de empleos directos e indirectos, así como exceso en la capacidad de transformación de la industria, y un margen de beneficio para los productores muy reducido, que podía provocar el que éstos se decidieran por cultivos alternativos con mayor margen.

La decisión del Tribunal de Justicia a favor de los argumentos planteados por España, abre la posibilidad de instauración de una regulación más favorable a los intereses de nuestro sector algodonero, si bien hay que esperar a las propuestas que surjan por parte de la Comisión Europea en los próximos días.