En España estamos cambiando las banderas. La de Castilla-La Mancha ya no luce un castillo de torres almenadas, sino los 900 millones de euros que cada año nos llegan de la PAC. En la andaluza las columnas de Hércules sostienen sus 1.900 millones de ayudas agrarias. Las siete coronas reales de Murcia se han sustituido por los 100 millones de euros que recibe su sector agrario. Y así una tras otra. Cada Autonomía ha entonado el himno del cheque regional y ha establecido unas fronteras financieras de las que no está dispuesta a retroceder… Y así no hay manera de hacer una política agraria redistributiva, ni solidaria, ni basada en la cohesión social.

Cuando desde la Plataforma del Olivar tradicional miles de olivareros de las zonas productoras más deprimidas de España, con bajos rendimientos y escasos ingresos, reclamábamos un reparto más equilibrado de las ayudas a este sector, se nos dijo por parte del Gobierno que aquello no era posi-ble. Nuestros argumentos eran buenos… pero el compromiso político era garantizar “hasta el último euro” que recibía Andalucía y, por lo tanto, el margen que quedaba para corregir las deficiencias de la OCM anterior en cuanto a la distribución de las ayudas era mínimo. Nadie puede negar la eviden-cia del peso del olivar andaluz, ni su importancia en la economía de aquella región, ni su posición dominante, ni su derecho a hacerlos valer… pero al reducir el debate a un mero “dame lo de mi re-gión” se perdió una oportunidad histórica para introducir un cierto criterio social en el uso de las ayudas PAC.

El enconamiento por el cheque regional va a veces más allá de una partida presupuestaria, o de la cuota láctea, o de los derechos de plantación de viñedo y acaban enturbiando el buen juicio político en temas de tanto interés público y general como el agua. La más reciente pugna por el agua ha aca-bado extendiéndose desde Cataluña y Aragón, hasta las regiones del Levante, pasando por lo que quedaba en medio, que era Castilla-La Mancha. Seguramente ha habido poderosísimas razones para sacar del Plan Hidrológico Nacional unos trasvases y mantener otros. Y puede que existan extraor-dinarios motivos para que el Estado proyecte grandes inversiones para garantizar que en algunas regiones haya agua suficiente para sus demandas; mientras en otras se tiene que seguir, al parecer, la política de recortar la demanda para que consuman menos… Puede que si,…, pero ¿qué quieren que les diga?… esto se acaba pareciendo bastante a un mero pulso de poder político en el que pri-man antes que nada los grandes intereses electorales, inmobiliarios, turísticos, industriales, de servi-cios…. y a lo mejor en el último lugar de la lista, los agrarios (y de entre ellos, los de los profesio-nales, los últimos de los últimos).

Los agricultores y ganaderos entramos en este juego. A veces no queda más remedio: o te pones en la primera fila con la bandera, o si te paras a pensar, las huestes regionalistas te pasan por encima. Así que acabamos jaleando a nuestros próceres políticos y vitoreándoles cuando al volver de la ba-talla levantan satisfechos el cheque regional. Y regresamos a casa palmeándonos la espalda y co-mentando la victoria obtenida sobre quien pretendía arrebatarnos lo nuestro. Sin darnos cuenta de que al día siguiente la mayor parte del dinero y las ayudas se las siguen llevando los mismos que el día anterior. A las pruebas me remito. Los cheques nacionales o regionales pueden haber estado muy bien defendidos por nuestros gobernantes en todas las pasadas negociaciones (al menos es difí-cil recordar que alguno haya vuelto alguna vez de Bruselas o de Madrid reconociendo un fracaso)… pero el 80 % de las ayudas agrarias las siguen recibiendo el mismo 20 % de grandes beneficiarios de siempre… que, por cierto, son los mismos que tienen en su poder la mayor parte de las extrac-ciones y de los derechos de agua.

Claro que a todos nos gusta que a nuestra región lleguen cuanto más recursos mejor. Nosotros, des-de nuestra organización defenderemos tanto como cualquiera que no se haga de menos a Castilla-La Mancha y que no se la discrimine en ningún ámbito de debate, ni político, ni económico, ni social. Pero, concediéndole al “cheque” toda la importancia que tiene, hay que observarlo no como un fin en si mismo útil para hacer propaganda política; sino como un instrumento de desarrollo útil para hacer, simplemente… política. Y en el caso concreto de la política agraria, en eso consisten a nues-tro modo de ver el apoyo a un modelo de agricultor y de agricultura ligados al medio, con vocación de ser útiles a esta sociedad y de permanencia en el sector.

En pocos meses se abrirá en canal la Reforma de la OCM de Vino. Y la negociación de esta OCM es para Castilla-La Mancha tan vital como lo pudo ser en su momento la del aceite para Andalucía. Nos preocupa, y mucho que pueda recortarse el presupuesto comunitario (aunque al parecer no será así, si damos crédito a lo manifestado por la Comisaria de Agricultura en su reciente visita a Casti-lla-La Mancha). Nos preocuparía, y mucho, que Castilla-La Mancha en la futura OCM de Vino, acabase perdiendo fondos de Bruselas. Pero igualmente nos preocuparía que la única prioridad fuera defender un cheque y que el dinero viniera a esta región para mantener las mismas medidas que hasta ahora se han mostrado tan ineficaces para mejora de la renta del viticultor o, para la otra alter-nativa que nos ofrece la Comisión, la de unas ayudas desacopladas para mantenernos anestesiados mientras otros conquistan mercados y se liberan las plantaciones para poder hacer, desde la propia industria, una viticultura sin viticultores.

Ignoramos que derroteros puedan tomar finalmente las futura negociaciones de la OCM de vino, pero independientemente del tamaño del cheque (que cuanto más grande sea mejor), nos conforma-ríamos con que fuera suficiente para acometer la política vitivinícola que nuestro sector necesita… y que, en nuestra opinión, consiste en ayudas que, fundamentalmente, nos coloquen en situación de prosperar cuando ese cheque se agote.

Esta reforma será, muy probablemente, el último dinero que se gaste la Unión Europea en el sector del vino. Puede que siga habiendo ayudas, pero todo nos induce a pensar que no serán sectoriales, sino que habrá en el futuro una única OCM para todos los productos. Por lo tanto conviene que aprovechemos bien esta oportunidad, usando el dinero en medidas que, sobre todo, resuelvan nues-tro principal problema –el de vender más y mejor nuestros vinos- teniendo en cuenta, además, que el mercado va a ser en unos años (y ya empezamos a vivirlo) el hábitat económico que va a definir la rentabilidad de las explotaciones. Montar redes comerciales, abrir canales de venta, conquistar mercados, promocionar nuestros productos y nuestras marcas… esos son los objetivos que tenemos que tener en la agenda cuando se negocie la Reforma de la OCM.

Luego, además, la OCM tiene que tener sus instrumentos de mercado, por supuesto; pero mejorán-dolos para que el esfuerzo presupuestario de la U.E. se transmita directamente al viticultor, cosa que ahora no ocurre. Esto podría hacer, por ejemplo, con ayudas como la vendimia en verde o el arran-que temporal o definitivo para no criar excedentes, en vez de gastar dinero en quemarlos como su-cede en la actualidad; o reservando la destilación de usos de boca para las cooperativas o las bode-gas que firmen acuerdos de precios con la producción; o (claro que sí) seguir con la reestructura-ción, pero vinculándola a proyectos comerciales y, también ¿por qué no?, compensando a los viti-cultores con primas directas el papel social y medioambiental que la viña cumple en muchas zonas tradicionales de cultivo.

En definitiva, se trata mejorar la renta de los viticultores con voluntad de progresar y seguir adelan-te en este sector, a través de los ingresos procedentes del mercado, que va a ser la única vía que va-mos a tener en el futuro. Ese es el objetivo al que hay que dedicar el cheque que consigamos y… para eso… por supuesto que cuanto más ceros tenga, mejor.