Palencia, 28 de febrero de 2006.- Esta mañana, en el Castillo de Fuensaldaña, el Coordinador de COAG Coordinadora Agraria, Aurelio Pérez, junto a varios miembros de la Comisión Ejecutiva de esta Organización, se han reunido con la representación del Procurador el Común para presentar una queja contra la Junta de Castilla y León por las actuaciones discriminatorias que ésta viene realizando respecto a nuestra Organización. Recordemos que, entre otras actuaciones que también han dado lugar a procedimientos judiciales, e incluso a la admisión a trámite de otra queja por el Procurador del Común, se denuncia la financiación que las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente han concedido a Asaja y a Uccl.

A través de las actuaciones denunciadas se otorgan mejoras comparativas sustanciales a determinadas organizaciones y, por consiguiente, se coloca en una clara desventaja a las restantes, que ante una próxima convocatoria electoral a Cámaras Agrarias, que previsiblemente se anticiparán a noviembre de este mismo año, dispondrán de menores medios y recursos para afrontar el proceso y, por tanto, para garantizar sus resultados.

De esta manera, la Junta de Castilla y León interviene en la vida interna de las organizaciones, vulnerando los Derechos Fundamentales a la Igualdad, a la Asociación y a la Libertad Sindical, tomando parte activa para condicionar los resultados electorales favoreciendo a aquellas opciones más afines políticamente o que se han mostrado más dóciles para defender los planteamientos estratégicos que interesan al gobierno regional.

El daño infligido a la credibilidad de la administración autonómica, en cuanto a la transparencia de los apoyos concedidos con dinero público a organizaciones que se han manifestado y actuado públicamente siguiendo planteamientos
estratégicos que favorecían los intereses políticos de la Junta, ha sido tan manifiesto que ha llegado incluso a las Cortes de Castilla y León, motivando preguntas parlamentarias y cruces de acusaciones entre los portavoces de los diferentes grupos políticos y entre éstos y los Consejeros concernidos.

No podemos considerar casual el hecho de que todas estas actuaciones se produzcan justo cuando COAG Coordinadora Agraria irrumpe en el panorama sindical regional; parece demasiado claro que a alguien en la Junta o en la Consejería de Agricultura no le gusta nuestra Organización, y está empeñado, por todos los medios, en dificultar nuestra existencia, traspasando incluso el límite del respeto a los derechos legítimos que como Organización representativa de los profesionales del sector agrario ampara toda la normativa española, desde la Constitución, y que nos hemos ganado en las urnas.