Palencia, 15 de febrero de 2006.- COAG Coordinadora Agraria de Castilla y León, que ya a finales del pasado año denunció el escándalo en la financiación a las Organizaciones Agrarias, tras la concesión de 100.000 euros en una subvención de la Consejería de Medio Ambiente para la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que se añadía a la adjudicación en verano de 2005 de otros 200.000 euros para UCCL y Asaja por la Consejería de Agricultura, vuelve ahora a denunciar públicamente que estas subvenciones opacas, además de suponer una indecencia política y sindical, tienen un objetivo: financiar la campaña electoral a Cámaras Agrarias de las mencionadas organizaciones.

Según ha podido saber COAG Coordinadora Agraria de fuentes de la propia Consejería de Agricultura, ésta tiene la intención de anticipar la convocatoria de elecciones a Cámaras Agrarias, en una estrategia calculada y pactada por el Consejero y la UCCL, y con el consentimiento de Asaja, para celebrarlas en el mes de noviembre de 2006. Las generosas subvenciones que la Junta ha otorgado a UCCL y a Asaja, camufladas como convenios y adjudicaciones de muy dudosa legalidad, no pueden desvincularse de esta convocatoria electoral, y tendrían el objetivo último de consolidar en las próximas elecciones a la UCCL como correa de transmisión al servicio de los intereses políticos del Consejero Valín como viene haciendo en los dos últimos años.

Alguien quiere trucar el proceso electoral, utilizando dinero público para conceder ventajas económicas para la campaña de quienes más le conviene a sus intereses: favorecer y financiar de una manera tan descarada a determinadas organizaciones en detrimento de otras contraviene el derecho fundamental a la libertad sindical, además de evidenciar la comisión de un descarado acto de amiguismo y trato de favor. Esto que ahora denunciamos se va vislumbrar en unos meses, y alguien tendrá que pagar las consecuencias políticas de esta actuación que constituye un auténtico escándalo.

COAG Coordinadora Agraria, ha emprendido acciones legales contra estas actuaciones de la Junta por atentar contra el derecho a la libertad sindical. Recordemos que además de los 100.000 euros, sin convocatoria previa, que la Consejería de Medio Ambiente ha dado a UCCL para realizar una guía de buenas prácticas agrarias que ya existe, en verano pasado, y en forma de adjudicación de un contrato de servicios, se concedieron otros 100.000 euros para UCCL y 100.000 para Asaja a cambio de realizar una encuesta cuyo coste real de ejecución, según empresas especializadas, y tirando por alto, no superaría los 17.000 euros.

La UCCL se ha apartado absolutamente de la línea sindical y programática de COAG; ha perdido la independencia sindical y se ha vinculado a posiciones partidistas; defienden propuestas de política agraria contrarias a los intereses de los profesionales a título principal que COAG defiende y se han entregado a las prebendas económicas e institucionales.