Dicen que había una tribu de las Amazonas, que por la capacidad que tenían de ocultación en la selva los denominaban “los hombres invisibles”. Por que sólo eran vistos cuando ellos querían.

Tenemos en España, y me temo que en muchos más países, otra clase de “hombres invisi-bles” que al contrario que los del Amazonas los vemos cuando queremos nosotros, y no cuando quieren ellos, son los inmigrantes “sin papeles” es decir sin permiso de residencia y trabajo.

Son personas, hombres y mujeres, casi siempre trabajadores, casi siempre huyendo de la miseria, casi siempre con la única pretensión de sacar honradamente adelante a sus familias; pero debemos aclararnos sobre cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos, porque hasta ahora lo que hemos puesto en práctica, con su presencia en nues-tro país, es una extraña ley del péndulo.

De dejarles trabajar sin papeles…..

Hemos pasado en pocos años de una situación vergonzosa que consistía en que oficialmente “no existían”, entraban de forma descontrolada por las fronteras y no queríamos saber nada de ellos ni para formar a sus hijos en los colegios, ni a nivel sanitario si enfermaban, pero eso sí, si se necesitaba mano de obra, entonces existían para el empresario, se les contrataba ilegal-mente, las administraciones miraban para otro lado, “o veían muy poco” (a juzgar por la canti-dad de tiempo, numero de poblaciones y cantidad de inmigrantes que han vivido así, durante años).

Tras lo ocurrido en el Ejido muchos comprendieron que esa forma de actuar “era una bomba sin espoleta”. La sociedad recibió un toque de alarma y desde entonces algo hemos rectificado.
Con las regularizaciones del último año, en el que se han regularizado mas 700.000 inmigrantes hemos avanzado sensiblemente, pero hay aún muchos miles de personas “sin papeles”, también en las zonas rurales.

Quizás a los que están en Madrid o en Barcelona, no se les conozca; pero a los que han llegado hasta nuestros pueblos nosotros los conocemos, a algunos por su nom-bre de pila. Hemos visto las fotos de los suyos que se quedaron en Rumania, en Colombia o en Marruecos. Sus hijos van con los nuestros al colegio; sus esposas espe-ran junto a las demás en los dispensarios de la Seguridad Social; el alcalde los ha empadronado y sabe donde viven; el cabo de la policía local se los cruza cada maña-na en la plaza. Compran en nuestras tiendas leche, pan, ropa, zapatillas, jabón… y, sin embargo, no podemos darles trabajo, ni en los bares, ni en la construcción, ni en las casas, ni en el campo. La ley actual lo impide.

A todo menos trabajar

Porque ahora hemos pasado a una situación kafkiana: las personas “sin papeles” si tienen hijos, como decía antes, se escolarizan y si enferman la Seguridad Social les atiende, si tiene permiso de conducir en su país, pueden hacerlo también aquí, (pero cuidado) si se les ocurre trabajar, si alguien les ofrece un trabajo, se pone fuera de la Ley e incurre en grandes sanciones administrativas.

Es decir solo no “se les quiere ver” trabajando, ósea no les permitimos que contribuyan a la seguridad social y Hacienda.

Ahora se nos dice a los agricultores que habrá serias campañas de inspección en las recolecciones agrícolas porque no se puede contratar a los que no residen legalmente en el país y hay cumplir la Ley.

En las zonas rurales y especialmente en las zonas del interior de la península, debido a lo ex-tremo del clima, la poca variedad de cultivos y la brevedad del tiempo de recolección y en las mismas fechas, no es posible ofrecer por tanto, mucho empleo de forma continuada durante meses como ocurre en algunas comarcas andaluzas o de Levante.

Esto, hace muy difícil, que por el sistema de contingentes vengan miles de personas para tan pocos días, lo que conlleva muchos gastos de viaje y poco interés de los agricultores y de los propios trabajadores, para traer gente de fuera por un lado, y para venir a trabajar por otro. Además ¿qué garantía tienen las administraciones de que los que vengan en un contingente no se quedarán cuando se les acabe el contrato?

La resolución de este problema requerirá previsión, y rotaciones de trabajadores entre regio-nes españolas, además de la colaboración de ayuntamientos y el resto de las administraciones. Será necesario habilitar casas de alquiler y formulas para que los propietarios las quieran al-quilar, y también albergues para trabajadores (que no para indigentes) que deberán estar en condiciones dignas. Todo eso no se improvisa, cuesta años organizarlo pero como hay que hacerlo, cuanto antes mejor.

Pero eso no debe impedir dar una solución a los que ya están aquí.

La administración no debe recordar que hay que cumplir la Ley, cuando un inmigrante pone el pie en una viña o en un olivar, si no que hay que cumplirla durante todo el año.

Declararlos invisibles (están pero no están) de nada va a servir, por que como seres humanos que son tiene sus necesidades y tienen la misma horrorosa costumbre que tenemos nosotros, comer.

Que no se criminalice a los agricultores, por favor, por el fracaso de las políticas mundiales de cooperación al desarrollo y lo que tendría que resolver la ONU o los países desarrollados en el G-8 o la FAO o el G-21, o la falta de control en fronteras, las malas leyes del pasado la falta de previsión de las administraciones, las ineficaces normas de inmigración, o por la miopía voluntaria de los gobiernos.

Por eso, aunque hay gente que acepta sin más, que cualquiera que quiera emplear a un trabajador inmigrante que esté aquí sin permiso de residencia y trabajo, es para explotarle debe saber que no siempre es así, ni mucho menos. Conozco a muchos agricultores que han hecho todo lo que ha estado en su mano para arreglar la situación legal de sus trabajadores “sin papeles” y en numerosas ocasiones, tras conseguir éstos sus permisos, se les han marchado a otro sector donde podían pagarles más… ¿y quién se lo va a reprochar a los inmigrantes?. Es uno más de los fallos de un sistema que hace aguas y necesita revisión.

Las autoridades responsables deberían dar un paso más adelante y “hacer legal” que en este país si alguien quiere contratar a una persona y esa persona esta aquí, y acepta el contrato, se pague a la Seguridad Social, se le pague el salario de Convenio en la Provincia y que este proceso, regule la situación de esa persona, como mínimo mientras tiene trabajo.
Después de hacer esto y de controlar mejor las fronteras, y si teniendo todas las facilidades hay personas que por engañar a Hacienda o ahorrarse la Seguridad Social del trabajador, eligieran la ilegalidad, entonces la Inspección haga caer el peso de la Ley sobre el infractor, pero mientras tanto, seamos prudentes antes de condenar.

Que se sepa, el gobierno no tiene previsto un plan de expulsiones generalizadas, (yo no lo propongo) que daría cumplimiento también a la Ley, pues si es así, si no se va a repatriar a esas personas de forma metódica y masiva a sus países; que se les de una solución. Ganare-mos en transparencia en el mundo laboral, en el económico y además no se les conducirá a estos “hombres invisibles” por la vía de los hechos, a la marginalidad y la miseria.

No sea que les obliguemos a “hacerse ver” de la peor forma, que es como ellos no quieren y nosotros tampoco.