El campo toledano se enfrenta a un serio problema al que los responsables políticos no dan soluciones. Nos referimos a la falta de mano de obra agraria, algo que hemos vuelto a comprobar durante esta campaña de aceituna.

Toda la sociedad sabe que en los pueblos viven inmigrantes en situación irregular. Hay agricultores y ganaderos que han realizado un gran esfuerzo para legalizar a algunos de ellos y, normalmente, cuando se ha conseguido, al poco tiempo el trabajador ha dejado la actividad agraria para dedicarse a otras ocupaciones mejor remuneradas como pueda ser la construcción.

ASAJA-Toledo lleva tres años contratando, en sus países de origen a temporeros rumanos y polacos para las recolecciones: vendimia y aceituna, principalmente, pero también otras, como la recogida del tomate.

Lo que los agricultores nos preguntan siempre es por qué contratar gente fuera de España cuando los pueblos están llenos de inmigrantes que demandan trabajo. Todas las Administraciones -estatal, regional, provincial y local- saben que viven en nuestros municipios, sus hijos van al colegio, reciben asistencia sanitaria, muchos están empadronados y necesitan trabajar para sobrevivir.

Los gobernantes conocen la problemática de los inmigrantes ilegales y también, porque llevamos años exponiéndosela, la de la falta de mano de obra en el sector agrario. Sin embargo, cuando los agricultores necesitamos trabajadores y no los encontramos, y el único recurso que tenemos -si no queremos dejar nuestras cosechas sin recoger y tirar por la borda todo un año de trabajo- es, en muchas ocasiones, dar empleo a esas personas que viven entre nosotros de manera irregular pero que necesitan trabajar para poder comer, entonces sí que la Administración da señales de ser consciente de que los inmigrantes están ahí. Y pasa lo que en esta campaña de aceituna, que el agricultor tiene que estar más pendiente de las inspecciones laborales que de su trabajo, sintiéndose tratado como un delincuente por no consentir que sus cosechas, que son su medio de vida, se queden sin recoger.

La conclusión es que el empresario agrícola paga los platos rotos por una realidad conocida y consentida por los gobernantes. Pero sancionando a agricultores no se solucionan ni el problema social de la inmigración ilegal ni el de la falta de mano de obra en el campo. ¿Qué hacen los dirigentes políticos al respecto? Poco o nada.

En el proceso de normalización de inmigrantes en España no se tuvo en cuenta al sector agrario. La única vía para cubrir la gran demanda de trabajadores que se genera durante las recolecciones es contratarlos en sus países de origen. Pero nosotros que, desde ASAJA de Toledo, hemos traído temporeros a través del Contingente de Extranjeros para nuestros asociados, no encontramos, sin embargo, un apoyo real por parte de la Administración. Más bien al contrario, pues todo son trabas burocráticas, exigencias que dificultan las contrataciones y ningún reconocimiento a la labor realizada por ASAJA en esta materia. Con una salvedad, hay que destacar, en el caso de Toledo, la buena predisposición y la colaboración de los responsables de las áreas de Trabajo y de Agricultura de la Delegación de Gobierno, así como de la subdelegación de Gobierno.

Entre las dificultades de las que hablamos, citaremos, como muestra, sólo una: la exigencia de presentar las ofertas de empleo con una antelación mínima de tres meses. Esto, en un sector como el agrario, es pedir un ejercicio de adivinación. En tres meses la climatología puede arruinar la que se presumía que iba a ser la cosecha del siglo, o al revés. ¿Cómo puede el agricultor saber cuánta mano de obra va a precisar? Cuando llegue la recolección puede encontrarse con que se ha pasado o con que se ha quedado corto, como ha sucedido en esta campaña de aceituna. Cuando se realizaron las solicitudes de temporeros, la sequía y las heladas presagiaban una cosecha corta, lo que llevó a muchos olivareros a no pedir trabajadores. Las precipitaciones de otoño, aunque escasas, cayeron en un buen momento para el olivar, que se recuperó y, al final, hay una producción muy superior a la esperada. La pregunta es ¿quién la recoge?

ASAJA de Toledo anima a sus socios a no dar trabajo a quienes no tengan los requisitos legales exigidos, pero, cuando no encuentran trabajadores que los cumplan, ¿tiene el agricultor que dejar de recoger su cosecha?