La reducción de cosechas por la sequía provocará un importante aumento de los costes fijos en las cooperativas agrarias de las zonas afectadas, que tendrán que ser asumidos por los agricultores asociados. Por esta razón, CCAE había solicitado al MAPA medidas para compensar el incremento de estos costes, entre ellas una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, a efectos de mantener las plantillas de trabajadores pese a la menor actividad económica; un aumento del límite de compras de productos a terceros no socios sin pérdida de la protección fiscal, con el objeto de mantener su presencia en los mercados; acceso a créditos subvencionados, y medidas de regulación de empleo adaptadas al sector agrario que eviten la pérdida definitiva de los trabajadores y permitan su reincorporación una vez recuperada la actividad normal.

Lamentablemente, aunque el Real Decreto amplía los límites para la compra de productos a terceros, el resto de medidas no han sido tenidas en cuenta en la redacción final del Real Decreto. Por ello, CCAE considera insuficiente el paquete de medidas aprobado, debido a que los agricultores socios de las cooperativas se van a ver doblemente penalizados: por su falta de cosecha y por tener que hacer frente a los costes e inversiones de sus cooperativas.

CCAE advierte que nuestro sistema de seguros agrarios se manifiesta claramente insuficiente en caso de catástrofes como las actuales, por lo que es necesario una mejora sustancial de dicho sistema que recoja, entre otros elementos, pólizas asociativas que permitan cubrir los costes fijos de las organizaciones de productores. De todas formas, para los casos de catástrofes de gran magnitud como la actual sequía, CCAE cree necesario avanzar en métodos de gestión de crisis y riesgos, que permitan complementar el actual sistema de seguros agrarios español.

CCAE, a su vez, quiere llamar la atención sobre la situación que provocan las directrices europeas sobre ayudas de estado, que además de no considerar subvenciones de la UE para situaciones de adversidades climáticas graves, prohíben las ayudas nacionales, dejando sin instrumentos de actuación a los Gobiernos para afrontar casos de crisis como la actual sequía.