Silleda, 18 de junio de 2005. La Semana Verde de Galicia acogió esta mañana un debate sobre la Ley del Medicamento en el ámbito veterinario organizado por el Consello Galego de Colexios Veterinarios. Los expertos reunidos en el foro apuntaron que es necesario actualizarla de manera inmediata a la nueva normativa europea que entrará en vigor a finales de este año y que va a traer consigo exigencias por estrictas en pro de la seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, los veterinario calificaron de indispensable corregir las lagunas que presenta. En este sentido, Gustavo Machicote, vocal de la Asociación Veterinaria Española de Pequeños Animales (AVEPA) en Galicia criticó el hecho de que en la ley “no están reconocidos los pequeños animales y mascotas, ya que está dirigida hacia los animales de producción”. Machicote apuntó que “no es lo mismo el tratamiento y la metodología aplicada a una vaca que a un perro, por lo que es necesaria una adaptación inmediata”.

Por su parte, el veterinario Andrés García Santalla puntualizó que si bien la ley “establece un control riguroso sobre las recetas, dispensación y destino de los medicamentos, ésta trajo consigo una

enorme burocracia que conlleva enormes gastos para los profesionales”, por lo que abogó por una simplificación.

No obstante, en este punto, los representantes de la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agropecuaria recordaron que “debido a los requisitos establecidos en materia de seguridad alimentaria, la normativa europea va a establecer unos exigencias muy estrictas en cuanto a registro y documentación de los tratamientos, por lo que será prácticamente imposible reducir la burocracia”. Como ejemplo, apuntó que la UE exigirá que “de todos los animales que entren en un matadero con el objetivo último del consumo humano, deberá presentarse un histórico de las enfermedades, medicamentos y tratamiento que se le ha aplicado”.

Otro de los aspectos en el que sí coincidieron los expertos es el de la necesidad de unificar las recetas y libros de registro en todo el territorio español, así como en la necesidad de “definir qué principios activos tienen que ser emitidos por prescripción veterinaria y cuáles no, para frenar el intrusismo en la profesión”, puntualizó Juan Gómez, de la Dirección Xeral de Producción y Sanidad Alimentaria.