13 de abril de 2005. La organización UPA considera que las recientes declaraciones de algunos procuradores del PP confirmando que la proposición de ley para regular granjas ilegales ya está consensuada no es cierta, ya que de momento no se han tenido en cuenta ciertas alegaciones del sector.
El hecho de que el grupo parlamentario popular presentara ante las Cortes la propuesta para que la normativa se tramitara mediante el procedimiento de lectura única supondría la imposibilidad de presentar enmiendas. De este modo se perdería una ocasión única para legalizar el mayor número de explotaciones ganaderas, y por lo tanto no se puede hablar de consenso cuando varias enmiendas han sido descartadas y por lo no tanto no se han atendido todas las peticiones de los afectados.
Para UPA el actual proyecto de salir adelante siendo positivo en grandes líneas va a suponer sin embargo que un 15 % de las granjas castellanoleonesas que se encuentran en los cascos urbanos y en su zona envolvente queden fuera de la concesión de licencia ambiental y por lo tanto se les deniegue la regularización.
Bajo nuestro punto de vista el actual proyecto debería ser modificado para mejorar el apartado relacionado con la superficie de UGM (Unidades de Ganado Mayor) permitiendo un incremento de las mismas para hacer legales las explotaciones. En este sentido unánimemente todo el sector ha solicitado una modificación del actual proyecto elaborado por el PP.
En cualquier caso UPA considera que de no tener en cuenta esas alegaciones se perjudicaría precisamente a aquellas explotaciones de vacuno de leche y de ovino de leche que son sin duda las que mayores inversiones han realizado en los últimos años.
Nuestra organización considera que el texto final que se decida debería cumplir con la voluntad política de actuar como freno contra el despoblamiento rural, tal y como el Gobierno autonómico ha reiterado en infinidad de ocasiones por tratarse de su objetivo prioritario en esta legislatura.
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