La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental (EIA) correcta en relación con el proyecto de construcción de un aeropuerto en la provincia de Ciudad Real. Considera que la evaluación que se ha llevado a cabo es insuficiente.

Además, el aeropuerto está situado al lado de una zona clasificada de protección especial por las autoridades españolas en aplicación de la Directiva sobre aves silvestres de la UE. En la zona viven aves amenazadas, sobre todo aves de las estepas.

Según la Comisión, Como España no ha estudiado adecuadamente las repercusiones del proyecto en la fauna y la flora silvestres de la zona, no se pueden tomar las medidas necesarias para prevenir o evitar el deterioro de los hábitats. Por ello, España infringe también la Directiva sobre las aves silvestres.

En diciembre de 2003, la Comisión envió a España una primera advertencia por escrito de que debían evaluarse todas las repercusiones de la construcción del aeropuerto de acuerdo con las directivas sobre aves y de EIA.

En enero de 2004, las autoridades españolas enviaron una respuesta en la que indicaban una serie de estudios que se habían realizado. No obstante, la Comisión consideró que esos estudios no constituían las necesarias evaluaciones de impacto y remitió, por ello, una última advertencia por escrito en julio de 2004. En su respuesta, las autoridades españolas declararon que, para poder llevar a cabo la correcta evaluación de impacto, se había paralizado el proyecto. Pese a esta afirmación, la Comisión ha obtenido pruebas de la continuación de las obras de construcción, por lo que lleva el asunto ante el Tribunal.