Granada, 18 de Marzo de 2005. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA-Granada, ha pedido a la Consejería de Agricultura y Pesca que realice las gestiones necesarias para eliminar la obligatoriedad del certificado veterinario para las cabañas de bovino, ovino y caprino, por “ineficaz” y por representar “costes innecesarios” a los productores de estas especies, que además están sufriendo un incremento de costes debido a la escasez de pastos motivada por las adversas condiciones climáticas. Concretamente, el Real Decreto 3454/2000, por el que se establece y regula el Programa integral de vigilancia y control de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET), establece que todos los animales de las especies bovina, ovina y caprina destinadas a matadero vayan amparados por un certificado según el modelo recogido en su Anexo XI. Dicho modelo consiste en una declaración del titular de la explotación y una autorización sanitaria certificada por un veterinario. Esta documentación se adjunta a la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria, que acompaña a todos los movimientos las especies de animales de abastos.
El Secretario General de UPA-Granada, Nicolás Chica, considera que el establecimiento de este certificado como garantía adicional al consumidor es equivocado por entender que las únicas medidas que garantizan que ningún animal de estas especies enfermo pase a la cadena alimentaria son los test y la retirada de los MER. Al mismo tiempo, la Organización ha detectado desde el establecimiento de este requisito “situaciones de mucha presión para los ganaderos de estas especies”, puesto que se ven en la necesidad de firmar, sin tener conocimientos técnicos al respecto, para realizar la venta de los animales y posterior traslado a los mataderos, con objeto de tener liquidez en las explotaciones.
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