Madrid, 19 de enero ´04. El Tribunal de Justicia de la UE ha rechazado hoy suspender cautelarmente la reforma del Régimen de ayudas al Algodón, solicitada por España, antes de que se resuelva el recurso presentado por el Gobierno del Estado español contra esta normativa. No obstante, esta decisión no implica obstáculo alguno para una sentencia favorable al recurso presentado por nuestro Gobierno.

COAG, antes de conocer de la decisión hecha pública hoy, ya había iniciado los trámites oportunos para retrasar la entrada en vigor de la reforma del régimen de ayudas al algodón hasta que el Tribunal de Luxemburgo no dicte sentencia sobre el recurso presentado por el Gobierno español contra la misma. A través de una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 23 de diciembre, se insta a las instituciones comunitarias a que se retrase la aplicación de la reforma mientras esté pendiente el recurso presentado. Todo ello, con el objetivo de evitar graves perjuicios económicos y sociales en las principales zonas productoras.

España impugnó ante el Tribunal de la UE en julio de 2004 la reforma del Régimen de ayudas al algodón porque ésta viola la legislación comunitaria y vulnera el derecho a que los productores algodoneros reciban ayudas en regiones donde hay una dependencia económica de este cultivo. Al mismo tiempo, se demandó que hasta que no se resolviera el recurso hubiera medidas cautelares, para que se interrumpiera la regulación y se mantuviera de manera transitoria el actual sistema, ya que tal y como ha mantenido COAG, éste es el único modo de evitar graves perjuicios económicos y sociales en las zonas productoras de algodón (especialmente Andalucía); los agricultores deben planificar ahora sus siembras de algodón para la campaña 2006-2007, por lo que la adaptación a la nueva normativa provocará una caída de la producción, lo que redundará en numerosas pérdidas de puestos de trabajo.

La reforma recurrida, que entrará en vigor en 2006, establece que un 65% de las subvenciones al algodón se desvinculen de la cosecha, es decir que se concedan independientemente de que el agricultor produzca o no. Esta reforma afectaría a más de 140 municipios andaluces, 1.100.000 jornales directos que suponen el 67% de la mano de obra que demandan los cultivos de regadío, llegando al 90% en aquellos municipios donde el cultivo es predominante. Mantiene una estructura industrial de 23 empresas desmotadoras con un total de 29 factorías que representan un balance comercial de 100 millones de euros y generan en torno a 2.000 empleos.