Barcelona, 5 de agosto de 2004. El pasado día 30 de junio de 2004, la Federación Española de Empresarios Productores de Leche (PROLEC) presentó, ante la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), una denuncia a las Administraciones Públicas españolas por dejación de funciones. El secretario general de PROLEC, Carlos Gil, y el responsable de su Gabinete Jurídico, Sebastià Salellas, se reunieron en la sede de la OLAF, en Bruselas, con objeto de presentar a sus responsables un documento en el que se demuestra la existencia de un mercado paralelo de leche en España. La Federación cifra este mercado de leche producida fuera de cuota en un 46,03% (2.767.076 toneladas), lo que supondría una multa por supertasa de más de 900 millones de euros (cerca de 150.000 millones de pesetas) para el Estado español. Según el director general de PROLEC, “esta cifra es orientativa ya que la responsabilidad de cuantificar el fraude real en el sector estaría en manos de la OLAF”.

Asimismo, si la OLAF admitiese a trámite la denuncia y realizase una inspección, podría llevar a dos consecuencias. En primer lugar, que la inspección tenga un resultado negativo respecto a la denuncia, es decir, que no encuentren las suficientes pruebas de incumplimiento masivo. En tal caso, esto beneficiaría tanto a los ganaderos, como a los compradores, al FEGA y a la Hacienda Pública, ya que significaría que existe una total transparencia en el sector. Por otro lado, podría suceder que la inspección demuestre, en gran parte, que la denuncia de PROLEC es cierta. En ese caso, sería el inicio de una sanción ejemplar, donde se eliminarían a los agentes del sector que están actuando de forma deshonesta, favoreciendo por tanto a los productores que sí trabajan de forma honrada, sean o no una minoría. En ambos casos, tal como afirma la Junta Directiva de PROLEC, “la denuncia presentada ante la OLAF favorece, de una forma u otra, a todo el sector “.

Inversión en cuota

En relación a la cuota láctea, cabe destacar que los socios de PROLEC llevan invertidos más de 120 millones de euros (cerca de 20.000 millones de pesetas) en la compra de derechos de producción. Según la Junta Directiva de la Federación, “hay que dejar claro que PROLEC no está dispuesta a permitir que un grupo de personas, amparándose en el incumplimiento sistemático de toda la normativa habida y por haber, arruine a todo el sector productor y a explotaciones familiares con más de tres generaciones dedicadas a producir leche. “