20 de julio de 2004. Las últimas estadísticas confirman la pertinaz –pese a las optimistas promesas al respecto de los gobiernos autonómico y nacional– caída del número de jóvenes que se incorporan a la agricultura y la ganadería. En 2004, fueron finalmente 479 los expedientes que se presentaron en Castilla y León para optar a la ayuda a la primera instalación, una cifra inferior a la ya insuficiente del año pasado, 549, o la de 2002, 608 solicitudes, y que queda cada vez más lejos de la prometida de 1.000 nuevas incorporaciones anuales para garantizar la vitalidad del campo regional.
Así lo denuncia ASAJA de Castilla y León, tras conocer las cifras, facilitadas por la Dirección General de Industrias Agrarias, que atestiguan este imparable descenso. Dada la crítica situación del sector, “cuesta entender por qué el Ministerio de Agricultura, en plena dejación de sus funciones, ha paralizado la adaptación de los importes de ayuda a la primera instalación a la nueva reglamentación de desarrollo rural, aprobada el pasado año”. Esta sencilla transposición normativa hubiera permitido que la prima máxima de 15.000 euros y la bonificación de interés máxima de otros 15.000 euros, en vigor actualmente en nuestro país, se ampliara a una prima máxima de 25.000 euros y una bonificación de hasta 30.000, unos importes más atractivos para los jóvenes que se incorporan.
Igualmente, poco o nada se ha hecho para dar mayor agilidad y transparencia en las tramitaciones y resoluciones de ayuda, que pueden estancarse innecesariamente durante más de dos años. Como ya ha advertido ASAJA, transcurrido este tiempo los “préstamos puente” necesarios para acometer la inversión han agotado buena parte de las ayudas que recibe el agricultor o ganadero que se instala o moderniza su explotación.
Por otra parte, la caída en picado del presupuesto para ceses anticipados, a los que con frecuencia está vinculada una nueva incorporación, hace presagiar que esta situación de declive proseguirá en próximas campañas. Y, como subraya ASAJA, tampoco puede ignorarse el daño que está haciendo en el sector la prolongada situación de incertidumbre provocada por la indefinición en torno a la aplicación de la PAC, algo que está siento consentido e incluso provocado por la administración. “Es difícil –añade la OPA– que unos padres animen a sus hijos a seguir en esta profesión cuando ni siquiera saben en qué situación estarán ellos en un futuro inmediato, si habrá desacoplamiento total o cómo quedarán los derechos de producción”.
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