«En consonancia con las conclusiones de varios Consejos Europeos sucesivos, la Comisión continúa ejerciendo un control razonable desde el punto de vista económico de las ayudas estatales concedidas en la Unión, por cuanto las ayudas estatales que no están encuadradas en una política comunitaria coherente falsean la libre competencia e impiden una asignación eficiente de los recursos. Una de las amenazas más graves para la unidad del mercado común es que los Estados miembros se enzarcen en una carrera por conceder más ayudas nacionales» ha declaró el Comisario Mario Monti.

«En los últimos cinco años el control de las ayudas estatales ha permitido mitigar este peligro. Nuestra vigilancia ha estimulado la tendencia a reorientar las ayudas hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los objetivos de la política de cohesión. Según las últimas cifras disponibles, la mayoría de los Estados miembros parece haber respondido positivamente al llamamiento efectuado a favor de «menos ayudas estatales con objetivos mejor definidos», que los jefes de Gobierno consideraron como un elemento clave de la competencia efectiva» añadió este Comisario.

El Marcador de ayuda estatal correspondiente a 2002 confirma que en general los Estados miembros están reduciendo los niveles de ayuda en términos de porcentaje del PIB. También están reorientando la ayuda hacia objetivos horizontales de interés comunitario, como una mayor cohesión económica y social, la protección del medio ambiente, el fomento de la investigación y desarrollo y las pequeñas y medianas empresas. Con todo, algunos Estados miembros siguen concediendo ayudas muy perjudiciales para la competencia, como las de salvamento y reestructuración.

El principal objetivo de esta actualización del Marcador consiste en ofrecer un panorama general de la situación en la Unión y examinar las tendencias subyacentes sobre la base de los datos más recientes. El Marcador se divide en tres partes. La primera examina en qué medida están reduciendo los Estados miembros sus niveles de ayuda estatal con relación al PIB.

La segunda parte se centra en el éxito relativo de los Estados miembros en materia de reorientación de las ayudas de sectores específicos a objetivos horizontales, y presta especial atención a las medidas de apoyo público al empleo y la formación. Por último, la tercera parte se consagra a los procedimientos de control de las ayudas estatales, a la recuperación de ayudas y a las medidas adoptadas para modernizar el sistema de control de las ayudas.

Principales conclusiones del Marcador para 2002

Se mantiene la tendencia a la baja de los niveles globales de ayuda estatal concedida en la Unión, pero a un ritmo bastante más lento que a finales de los años noventa

El volumen total de ayuda estatal(1) concedida en 2002 por los quince Estados miembros se estima en 49 000 millones de euros, cifra que representa una disminución ligeramente inferior a 1 000 millones con relación al año anterior. En términos absolutos, Alemania fue el país que más ayudas concedió en 2002 (13 000 millones de euros), seguida de Francia (10 000 millones de euros) e Italia (6 000 millones de euros). Se destinaron aproximadamente 28 000 millones de euros a los sectores manufacturero y de servicios, 14 000 millones de euros a la agricultura y la pesca, más de 5 000 millones de euros al sector del carbón y 1 000 millones de euros al transporte (excluidos los ferrocarriles).

El volumen total de ayuda estatal cayo drásticamente desde los niveles relativamente altos de principios y mediados de los años noventa: de los 67 000 millones de euros registrados en 1997 a los 52 000 millones de euros de 1999. Ello fue posible gracias a la disminución de la ayuda concedida a las regiones asistidas de Alemania y de Italia. Entre 1999 y 2002 la ayuda total siguió disminuyendo, pero a menor ritmo que en años precedentes: tan sólo un poco más de 1 000 millones de euros de media anualmente.

Las disparidades entre los niveles de ayuda de los distintos Estados miembros persisten…

En términos relativos, en 2002 las ayudas estatales1 representaron en total un 0,564% del PIB de la UE, aunque el porcentaje es del 0,39% si se excluyen la agricultura y la pesca. Esta media (0,39% ) oculta importantes disparidades entre los Estados miembros: el porcentaje del PIB que representaban las ayudas iba de menos del 0,20% en los Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido al 0,55% en Alemania, España y Portugal y el 0,72% en Dinamarca.

… pero van disminuyendo a medida que bajan las ayudas estatales, en porcentaje del PIB, en la mayoría de los Estados miembros

El volumen total de ayuda (excluidas la agricultura, la pesca y el transporte) pasó del 0,49% del PIB por término medio en el período 1998-2000 al 0,41% en el período 2000-2002. Esta tendencia a la baja se registra en catorce Estados miembros. Grecia, Italia y Portugal registraron las mayores disminuciones (alrededor de -0,4 puntos) entre los dos períodos considerados. En Irlanda ello se debe fundamentalmente a la bajada del impuesto de sociedades y el fuerte crecimiento del PIB, mientras que en Portugal el motivo fue en gran medida una reducción importante de un régimen fiscal de ayuda regional en favor de Madera destinado principalmente a los servicios financieros.

En cambio, en términos de PIB la ayuda aumentó en Dinamarca, aunque este incremento tiene su origen en un aumento sustancial de la ayuda destinada a dos objetivos horizontales: la creación de empleo y la protección del medio ambiente.

En toda la Unión se está reorientando la ayuda hacia objetivos horizontales…

Aproximadamente el 73% del volumen total de ayuda concedida en 2002 en la UE se destinó a objetivos horizontales, incluidas la investigación y desarrollo, las pequeñas y medianas empresas, el medio ambiente y el desarrollo económico regional. El 27% restante fueron ayudas a sectores específicos (manufacturero, carbón y servicios financieros principalmente), incluidas las ayudas de salvamento y de reestructuración.

En varios Estados miembros prácticamente toda las ayudas concedidas en 2002 estaban destinadas a objetivos horizontales

Las ayudas para objetivos horizontales aumentaron 7 puntos porcentuales en el período 1998-2000 a 2000-2002, gracias en gran medida al considerable crecimiento de las ayudas medioambientales (+ 7 puntos) y las ayudas a la investigación y desarrollo (+ 4 puntos). Registraron esta tendencia al alza, en grados distintos, la mayoría de los Estados miembros. En algunos €-Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Países Bajos, Austria y Finlandia€- prácticamente toda la ayuda concedida en 2002 estaba destinada a objetivos horizontales.

Posición favorable a las ayudas estatales para la creación de empleo y el fomento de la formación

Cuando lo que se pretenden es subsanar deficiencias del mercado, la Comisión considera justificada una intervención nacional o comunitaria. La exclusión de los trabajadores menos productivos (o erróneamente considerados menos productivos) de los salarios normales y la falta de oportunidades de formación son ejemplos de deficiencias del mercado. De ahí que la Comisión adopte una posición favorable a las ayudas estatales destinadas a estos objetivos: el número muy limitado de decisiones negativas en este tipo de casos y la reciente revisión de las normas sobre ayudas estatales para facilitar la concesión de ayudas a la creación de empleo, a la contratación de trabajadores desfavorecidos y discapacitados y para diversas medidas de formación.

Las ayudas estatales representan una proporción relativamente pequeña del conjunto de medidas de apoyo económico a las empresas para el empleo y la formación

La mayoría de las medidas de apoyo público a las empresas privadas destinadas al empleo y la formación no son constitutivas de ayuda estatal porque no cumplen los cuatro criterios establecidos en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado. Y cuando tales intervenciones sí constituyen una ayuda estatal, gracias al control de las ayudas estatales se minimizan los efectos contrarios a la competencia de las ayudas propuestas.

Caída del nivel global de ayuda a las regiones menos desarrolladas, aunque menor que anteriormente por el ligero incremento registrado en algunos Estados miembros

Según las últimas estimaciones, en 2002 en el conjunto de la Unión Europea se destinaron unos 8 000 millones de euros a las regiones menos desarrolladas, las denominadas regiones asistidas «a». Esta cifra representa algo menos de una cuarta parte del total de las ayudas (excluidos los sectores agrario, pesquero y del transporte). Las ayudas a las regiones asistidas «a», que prácticamente coinciden con las regiones del objetivo 1 de los fondos estructurales de la UE, cayeron en picado entre 1993 y 2000, debido en gran parte a la disminución de las ayudas concedidas en Alemania e Italia. Mientras que las ayudas a las regiones menos desarrolladas siguen disminuyendo en Alemania, en España, Francia e Italia se produjo un ligero crecimiento de estas ayudas en el período 2000-2002.

La mayoría de los Estados miembros concedió ayudas a los sectores manufacturero y de servicios en forma de subvenciones

Por lo que se refiere a los instrumentos utilizados para conceder ayuda a los sectores manufactureros y de servicios, las subvenciones son el más frecuente y representan casi el 60% del total de la Unión Europea. Además de las ayudas concedidas con cargo al presupuesto, hay ayudas que se canalizan a través de los regímenes fiscales y de la Seguridad Social. En el conjunto de la Unión, las exenciones fiscales representan el 24% del total. Mientras que Dinamarca, España, Luxemburgo, Finlandia y el Reino Unido conceden más del 80% de sus ayudas en forma de subvenciones, otros Estados miembros recurren más a las exenciones fiscales, en particular Alemania (38%), Francia (67%) e Irlanda (74%).

La Comisión autoriza las ayudas en el 95% de los asuntos que examina

En 2002 la Comisión registró unos 1 000 asuntos. Sin contar las 200 fichas informativas recibidas con arreglo a los reglamentos de exención por categorías, alrededor del 49% de los asuntos registrados correspondían a los sectores manufactureros y de servicios, el 39% a la agricultura, el 6% a la pesca y el 6% al transporte y la energía. Con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, los Estados miembros deben notificar todas las ayudas estatales a la Comisión. No obstante, aproximadamente en el 15% de los casos investigados no fue el Estado miembro sino la Comisión quien tuvo que incoar el procedimiento de investigación tras conocer la existencia de la ayuda, por ejemplo, a raíz de una denuncia. Durante el período 2001-2003, las decisiones negativas representaron el 5% de todas las decisiones finales adoptadas por la Comisión.