Madrid, 25 de septiembre de 2003. El anteproyecto de Ley de arrendamientos rústicos pasará al pleno del Congreso sin apenas cambios, tras su aprobación en el día de ayer en la Comisión de Agricultura con los votos a favor del PP y en contra del resto de grupos parlamentarios.

De esta manera el pleno del Congreso de los Diputados debatirá un proyecto de Ley de arrendamientos rústicos que no sido previamente debatido con las organizaciones profesionales agrarias, por lo que no sólo se enfrenta al rechazo de los distintos grupos parlamentarios sino que también, el anteproyecto no cuenta con el refrendo del sector, (ni siquiera COAG, organización mayoritaria del sector, ha tenido posibilidad de participar en su elaboración, a pesar de la importancia que tiene esta Ley para el futuro de los agricultores). Además, el Ministerio de Agricultura no ha solicitado tampoco el Dictamen del Consejo Económico y Social, incumpliendo lo legalmente establecido a la hora de tramitar cualquier proyecto normativo. A juicio de Miguel López, secretario general de COAG “esta situación demuestra que el ministro de Agricultura no tiene argumentos capaces de justificar este proyecto de Ley, que responde a intereses de grupos de presión ajenos al sector agrario”.

El Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos (LAR) propuesto por el Ministerio de Agricultura protege de forma excesiva a los propietarios en perjuicio de los derechos de los arrendatarios, quienes quedan en una situación de preocupante desprotección.Este proyecto incorpora una serie de modificaciones de enorme repercusión para el sector como: eliminar la orientación profesional de los arrendamientos, apostar por grandes explotaciones, abogar por las sociedades anónimas en detrimento de la explotación familiar, eliminar la preferencia de acceso a la propiedad y reducir la duración del contrato lo que dificulta la estabilidad y viabilidad de las explotaciones. En este sentido, Miguel López, secretario general de COAG ha exigido que, “por encima de la estrategia del arrendamiento, prevalezcan las acciones encaminadas a favorecer la incorporación de jóvenes al sector, lo que, además de rejuvenecerle, modernizaría las explotaciones y aumentaría su rentabilidad y productividad”.

Ante esta situación , COAG insta al PP a que, en beneficio del sector, rectifique en el resto del trámite parlamentario e introduzca las observaciones al texto legal propuestas por COAG y los distintos grupos parlamentarios de manera que el contenido definitivo de la Ley responda a las verdaderas necesidades de los profesionales agrarios y sea una garantía de futuro para el sector:

– que se mantenga el requisito del arrendatario como profesional de la agricultura.

– que no desaparezca el límite cuantitativo de arrendamiento, a fin de evitar la acumulación de tierra en manos de un mismo arrendatario.

– el mantenimiento de la actual duración de los contratos y sus prórrogas para mantener la finca, conservarla y realizar las inversiones necesarias, garantizando la amortización de las mismas.

– que los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente no sean suprimidos.