Mérida, 17 de septiembre de 2003

La futura Ley de Agricultura y Desarrollo Rural anunciada por el ministro de Agricultura, Arias Cañete, será aplazada tras la reunión que ha celebrado hoy el titular del MAPA con las Organizaciones Profesionales Agrarias.

El acuerdo ha sido unánime: ‘la creación de la Ley de Agricultura y Desarrollo Rural es necesaria para actualizar antiguas normativas pero su aprobación no puede hacerse a la carrera. Antes, cabe abrir un amplio debate con las partes implicadas; esto es, Opas, cooperativas y comunidades autónomas para analizar conjuntamente las competencias del ministerio y las de las administraciones regionales, por un lado; y las organizaciones agrarias para establecer qué tipo de explotación queremos primar en España y cuál va a ser la representación sindical que defienda los intereses del sector ante la Administración”, ha señalado al término del encuentro Lorenzo Ramos, Secretario General de UPA-UCE Extremadura y Vicesecretario de UPA.

El texto del anteproyecto que ha sido rechazado por todas las organizaciones agrarias, contempla materias que poco o nada tienen que ver con el desarrollo agrario o rural, sino con el modelo de relaciones institucionales entre Comunidades Autónomas y MAPA, y entre éste y las Organizaciones Agrarias. A tal efecto, propone modificar la actual Conferencia Sectorial con los Consejeros de Agricultura de las CCAAs dando más poder al MAPA en un terreno que roza, a primera vista, la constitucionalidad de la norma.

UPA ha rechazado el borrador porque también cambia la Ley de Bases de Cámaras Agrarias estableciendo un nuevo mecanismo de representatividad sindical mediante la convocatoria de elecciones generales en el campo,- modelo éste inédito en toda Europa – y para el que sólo se necesitaría un mínimo del 2,5% de votos del censo para obtener la representatividad.

Modifica, además disposiciones muy importantes sobre concesión de ayudas agrarias, transmisión intervivos, explotaciones societarias y preferencia de ayudas para sociedades agrarias. Apuesta decididamente por las Sociedades Limitadas (Sociedad limitada nueva Empresa Agraria) frente a la tipología de explotación familiar predominante en el sector agrario español.

Y deroga la Ley 34/1979, de 16 de noviembre, sobre Fincas Manifiestamente Mejorables, considerada como la ley de la transición democrática en materia de propiedad y uso de la tierra rústica.

Por ello, la organización ha solicitado el ministro que abra un proceso institucional de consultas que permita analizar serenamente las consecuencias graves que puede tener la aplicación unilateral de este cambio legislativo.

UPA está satisfecha de que se haya producido finalmente dicho aplazamiento al objeto de obtener el máximo consenso posible. En diciembre el Ministerio se ha comprometido a presentar un nuevo borrador tras el período de debate que iniciarán en breve los sindicatos agrarios y comunidades autónomas.