Con el fin de explicar las estipulaciones de los nuevos reglamentos ayer tuvo lugar en Madrid, organizado por la Fundación Antama (Fundación para la aplicación de nuevas tecnologías en la Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación), una jornada de presentación ante la prensa en la que intervinieron representantes de distintos organismos que se ven implicados.
A grandes rasgos el objetivo de la nueva normativa consiste en establecer la obligatoriedad de etiquetar todos los ingredientes alimentarios elaborados a partir de cultivos modificados genéticamente aprobados en la UE, incluso si no contienen ADN o proteínas transgénicas perceptibles. La indicación debe figurar con el mismo tamaño de letra que el resto de la etiqueta. No se trata de una normativa nueva, sino una versión más estricta de la legislación ya existente.
El ámbito de aplicación de esta normativa son los alimentos y piensos que contienen o se derivan de OMG. Los umbrales de estos productos se establecen en un 0.9% para productos OMG autorizados y un 0.5% durante un plazo de 3 años para productos evaluados positivamente pendientes de autorización, que es el caso de varios OMG que cuentan con el visto bueno de las autoridades científicas, pero que no recibe n la aprobación formal por la llamada «moratoria de facto», el parón administrativo que existe en la UE sobre aprobaciones de nuevos OMG desde hace varios años.
La legislación vigente hasta el momento se basaba en criterios de detectabilidad a la hora de etiquetar los OMG, es decir, únicamente si quedaban rastros de dichas sustancias en el producto debían especificarse en el etiquetado; por el contrario ahora el criterio que prima es el de procedencia.
Según los fabricantes de piensos, la repercusión que esta normativa tendrá en su sector será limitada, aunque tendrán que recabar información más precisa a sus proveedores.
Para la Agencia de Seguridad Alimentaria, la nueva normativa no pone en duda en ningún momento la seguridad de los alimentos con OMG ya aprobados, sino que únicamente ofrece información complementaria al consumidor, que en ningún caso debería ser disuasoria, ya que todo producto que llega al mercado ha pasado un examen sustentado en criterios rigurosos de evaluación del riesgo.
Para los consumidores, esta nueva normativa no viene sino a responder a una reclamación histórica de los consumidores: el derecho a elegir.
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