El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, calificó ayer de ‘sesgado y subjetivo’ el informe de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea sobre la planificación hidrológica española, en el que recomienda cambiar completamente la gestión del agua y priorizar criterios ambientales frente a los socioeconómicos.

Del Campo -que recientemente se entrevistó en Bruselas con la citada Comisión para contraargumentar este informe realizado a raíz de las quejas de ecologistas y gobiernos autonómicos- considera que los planes hidrológicos cumplen escrupulosamente con la normativa medioambiental comunitaria, habiendo obtenido un apoyo superior al 80% en el Consejo Nacional del Agua.

En este sentido, el informe europeo -que se votará el próximo día 13 de julio- solicita supervisar la aplicación de la legislación europea en relación a los caudales ecológicos en las cuencas del Ebro y el Tajo, cuando lo cierto es que estos caudales se definieron aplicando estrictos criterios tanto científicos como técnicos. Es más, se han fijado unos mínimos en los diferentes ríos y tramos de ríos cuando ni siquiera la Directiva Marco de Aguas obliga a ello, sugiriendo únicamente velar por la calidad de las masas de agua. De esta forma, en el caso del Ebro, incluso circula por su Delta una cantidad muy superior al mínimo garantizado (286 m3/segundo cuando el mínimo está fijado entre 80 y 150 m3/segundo).

Además, en este segundo ciclo se aprobaron mejoras sustanciales que incluso suponían reducir considerablemente la disponibilidad de agua para otros usos como el regadío, lo que demuestra que todos los actores implicados en la consecución de los planes tienen el objetivo de respetar los ríos y recuperar las masas de agua. De esta forma, el Plan del Tajo, por ejemplo, duplica la reserva mínima estratégica actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía, al haber pasado de 240 hectómetro cúbicos a 400 hm3.

El principal problema: la contaminación política del agua

En opinión del presidente de Fenacore, el verdadero problema aquí es la contaminación política del agua, que se pretende utilizar más para buscar votos que por el interés general, haciendo primar el interés localista, hasta el punto de que el rechazo de los planes hidrológicos limitaría los fondos destinados a desarrollo rural en el ciclo 2016-2021. Como ejemplo, lamentó que Cataluña y Navarra recurrieran el plan de cuenca del Ebro en contra de las comunidades restantes por las que también pasa; polémica que también se repite en el Tajo con la intención de impedir el trasvase Tajo-Segura.

En cuanto a las obras hidráulicas –para las que Bruselas sugiere contemplar otras posibilidades- Del Campo recordó que a pesar de que Europa cuenta con una regulación natural que le permite disponer del 40% de los recursos naturales, no ha parado de construir obras hidráulicas para aumentar la garantía de agua. En España, por su parte, este porcentaje de regulación sólo alcanzaría el 8% si no existiesen obras de regulación, gracias a las cuales es posible aprovechar alrededor del 45% de la pluviometría. Además, advirtió que sin ellas no podrían vivir más de cuatro millones de personas en España durante la época estival, mientras que gracias a estas infraestructuras viven más de 70 millones de personas, incluyendo a los turistas. Fuente: Fenacore