La ministra
de Agricultura, Isabel García Tejerina, compareció
ayer
en
la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso para
informar sobre la situación de sequía en determinadas zonas de España y sobre
las medidas urgentes que está adoptando el Gobierno, “con rapidez y diligencia”,
para paliar esta situación.

En la
comparecencia, a petición propia, García Tejerina ha informado en primer lugar
de la situación actual en la que se encuentran numerosas zonas del territorio,
principalmente las situadas en la zona noroccidental del país, afectadas por la
escasez de precipitaciones y de reservas hidrológicas, y ha querido dejar claro
que, tanto en estas zonas como en el resto de España, los abastecimientos de
agua a la población están siendo atendidos.

La
ministra, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en el consumo de agua
(“al igual que hay que extremar la precaución con los incendios, hay que ser muy
cuidadosos con el uso del agua, porque cada gota cuenta”), ha añadido que la
falta de precipitaciones ha ocasionado además una sequía agronómica que está
provocando daños en los cultivos.

GESTIÓN MEDIANTE LOS PLANES DE SEQUÍA

Tras hacer
este primer balance de la situación, García Tejerina ha explicado que el
Gobierno está gestionando esta escasez de agua mediante los Planes de Sequía
(planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía),
vigentes desde 2007 en todas las cuencas hidrográficas, y cuyo objetivo es
minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales ante eventuales
situaciones de sequía como la actual y mejorar la gestión del recurso hídrico.

Estos
planes establecen cuatro niveles de gravedad progresiva de las sequías
(normalidad, pre-alerta, alerta y emergencia) y las medidas que hay que adoptar
en cada nivel.

MEDIDAS ADOPTADAS HASTA EL MOMENTO

La ministra
ha informado de que, a la vista de este escenario, el Gobierno ha actuado con
rapidez aprobando toda una serie de medidas urgentes que contribuyan a paliar
esta situación.  En primer lugar, tres Reales Decreto de sequía en las cuencas
del Duero, Júcar (en situación de alerta) y Segura (en situación de emergencia),
que está permitiendo al Gobierno arbitrar medidas excepcionales para paliar sus
efectos.

Estas
actuaciones han permitido movilizar cerca de 280 hm³ adicionales, en las cuencas
del Segura y del Júcar, en situación de sequía declarada desde el 2015. En estas
cuencas, además, se han autorizado obras de emergencia por un importe total de
57,8 millones de euros (37,8 millones en el Segura y 20 en el Júcar) para
aprovechar mejor los recursos y minimizar los impactos de la sequía.

Además, en
la demarcación hidrográfica del Guadiana, a pesar de no estar en situación de
sequía declarada, se ha autorizado la contratación de una obra de emergencia
dentro del sistema de explotación Llerena (que se encuentra en situación de
alerta), para garantizar el abastecimiento de agua potable a la comarca de
Azuaga desde la presa de Los Molinos (Badajoz).

En total,
desde mayo de 2015 hasta la fecha, el Gobierno ha realizado más de 25
actuaciones de emergencia por un presupuesto superior a los 70 millones de
euros, para paliar los efectos asociados a las situaciones de sequía.

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES

La ministra
ha recordado además que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de junio, un
Real-Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequía, que está permitiendo aplicar exenciones en el pago de
las tarifas y cánones vinculadas a la disponibilidad de recursos hídricos en los
ámbitos territoriales afectados por la sequía hidrológica (Segura, Duero y
Júcar).

Además, con
carácter excepcional y temporalmente limitado al 30 de septiembre de 2018, este
Real Decreto-ley permite autorizar contratos de cesión de derechos al uso
privativo de las aguas entre concesionarios de la cuenca del Segura. Con el
mismo carácter y vigencia temporal, podrán autorizarse contratos de cesión de
derechos al uso privativo de las aguas entre concesionarios del Duero. Esta
misma previsión se aplicará a los contratos que se celebren entre concesionarios
de la cuenca del Júcar, con una vigencia temporal limitada al 30 de septiembre
de 2017.

Por último,
en este Real Decreto-ley se establece una moratoria a las cotizaciones a la
Seguridad Social para las empresas y los trabajadores por cuenta propia,
titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto
hidrológica como meteorológica, en toda España, incluidos en cualquier régimen
de la Seguridad Social. Estas empresas y trabajadores podrán solicitar y
obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin
interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a
los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, así como en el
pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes al mismo periodo.

SEGUROS AGRARIOS

La ministra
ha destacado también el sistema de seguros agrarios, que cubre los efectos
adversos sobre las producciones agrarias provocados por los riesgos
meteorológicos. “Se ha comprobado que el seguro es la mejor alternativa a la
implementación de ayudas directas extraordinarias para paliar daños ocasionados
por los riesgos no controlables por el agricultor; en consecuencia, hemos
priorizado su dotación presupuestaria y hemos mejorado, de manera significativa,
las diferentes líneas año tras año”, ha afirmado.

Así, el
Ministerio ha destinado un presupuesto de 211 millones de euros en 2017, la
misma cantidad que inicialmente se consignó en 2016 y, ante la situación de
sequía, el Ministerio ha instado a Agroseguro para que proceda con la máxima
celeridad a realizar las peritaciones para que los agricultores reciban cuanto
antes sus indemnizaciones. Agroseguro ha respondido a esta demanda, habiéndose
tasado más de 1,2 millones de hectáreas de cultivos herbáceos (la práctica
totalidad de la superficie por todo tipo de siniestros) y se están pagando ya
las indemnizaciones. La cifra de indemnizaciones previstas, para cereales y
leguminosas, supera los 200 millones de euros y los 35 millones en pastos.

AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Por otro
lado, el Ministerio ha reaccionado también con celeridad tramitando en tiempo
récord una primera convocatoria de subvenciones a la financiación de las
explotaciones agrarias para un volumen de crédito máximo de 90 millones de
euros, para atender las necesidades de liquidez de las explotaciones.

El
Ministerio subvenciona el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) a créditos suscritos por agricultores y ganaderos. A
través de esta línea, éstos podrán acceder a créditos de hasta 40.000 euros a
devolver en cinco años. Además, se establece la posibilidad de establecer un año
de carencia en la devolución del crédito. Hasta la fecha se han recibido 5.058
solicitudes, de las que se han tramitado positivamente más de 1.500 por valor de
39 millones de euros. Casi el 80% en Castilla y León.

Pero
además, y de nuevo actuando con la máxima celeridad, se está tramitando una
línea de financiación específica para sequía, para un volumen máximo de crédito
de 110 millones de euros.  Esta nueva línea estará disponible en muy breve
espacio de tiempo, y estará destinada a las explotaciones con actividad en las
producciones más afectadas por la sequía (cereales, leguminosas oleaginosas,
uva, lúpulo, patata, ganadería extensiva y apicultura).

La ministra
ha detallado que el volumen de crédito total previsto para las dos medidas
asciende a 200 millones de euros.

NUEVAS MEDIDAS QUE SE PONDRÁN EN MARCHA

El
Ministerio está realizando un seguimiento continuo de la sequía y de las medidas
necesarias, en coordinación con otras Administraciones y con las organizaciones
profesionales agrarias, en el seno de la Comisión Permanente de Adversidades
Climáticas y Medioambientales (COPAC) del Ministerio (que se ha reunido, hasta
la fecha y solo desde finales de abril, en tres ocasiones).

García
Tejerina ha resaltado que, como consecuencia de ese diálogo con los
representantes del sector agrario, se han atendido todas sus peticiones de
actuación, excepción hecha de aquellas medidas que pudieran poner en riesgo la
política de seguros agrarios.

ADELANTO DE LAS AYUDA DE LA PAC Y FISCALIDAD

Al margen
de estas actuaciones, la ministra ha anunciado que el Gobierno ha solicitado a
la Comisión Europea el adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC para el
16 de octubre. La aprobación de este reglamento supondrá el adelanto de más de
3.280 millones de euros de pago básico y otras ayudas directas, del total de los
4.926 millones de euros que se tiene previsto abonar a los agricultores en la
campaña 2017.

Asimismo,
el Ministerio tendrá en cuenta la actual situación de sequía, así como otras
situaciones excepcionales que ocurran en 2017, en el informe que traslade al
Ministerio de Hacienda y Función Pública para la reducción de módulos 2017 (en
la declaración de la renta a presentar en 2018). El informe del Ministerio
tendrá  también en cuenta los informes y propuestas justificadas de reducción de
módulos que, a petición del propio Ministerio, presenten las comunidades
autónomas.

Otras de
las actuaciones que el Gobierno ya ha puesto en marcha han sido la modificación
de las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el pago verde y
las medidas agroambientales.

“Seguiremos
muy atentos a la evolución de la situación y adoptaremos todas aquellas nuevas
medidas que sean necesarias para garantizar el compromiso del Gobierno con los
afectados por la sequía”, ha concluido la minist