El pacto sellado ayer
entre
la Junta y cinco partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla
y León reconoce el Plan Director de Promoción Industrial, que el Ejecutivo
autonómico aprobará en próximas fechas, como el eje e instrumento fundamental de
referencia sobre el que implementar la estrategia de competitividad de este
sector en la Comunidad. Este pacto tiene su origen en la mano tendida por el
presidente Herrera a los grupos parlamentarios, durante su discurso de
investidura –el 2 de julio de 2015–, para trabajar conjuntamente por el gran
objetivo de reindustrializar la Comunidad y potenciar este sector generador y
tractor de riqueza y empleo.

Esta oferta tuvo su respuesta el 22 de julio con la firma de un
acuerdo de Comunidad entre el jefe del Ejecutivo autonómico y los grupos
mayoritarios en las Cortes –Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos– en torno
a cuatro materias prioritarias para avanzar en el desarrollo de Castilla y León.
Una de ellas hacía referencia al impulso de la industria, de manera que las
partes se comprometían a negociar un pacto con esta finalidad, en el marco del
Plan Director de Promoción Industrial. A esta voluntad se unieron también las
dos fuerzas políticas que integran el Grupo Mixto: Izquierda Unida y Unión del
Pueblo Leonés.

El acuerdo se asienta en la convicción común del carácter
estratégico de este sector para Castilla y León y su contribución a la
modernidad y competitividad de la economía. En este sentido, conviene recordar
que la industria manufacturera representa el 17,7 % del Valor Añadido Bruto (VAB)
de la Comunidad –según los últimos datos de la Contabilidad Regional del
Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2015–, un porcentaje que
es 3,5 puntos superior al peso que tiene esta actividad en el conjunto nacional.

Un sector decisivo para el comercio exterior y para el empleo

La aportación de la industria al pujante comercio exterior
también ha sido decisiva, ya que es responsable de alrededor del 95 % de los
17.179,4 millones de euros que alcanzaron las exportaciones autonómicas al
cierre de 2016. Por último, en términos de empleo, el sector concentra el 17 %
de los ocupados en Castilla y León, 163.700 trabajadores, de acuerdo con la
Encuesta de Población Activa (EPA) de 2016.

Estos datos han servido al presidente Herrera para repasar el
camino ya recorrido en materia de política industrial. Así, entre los
antecedentes más inmediatos del acuerdo rubricado esta mañana, está el III
Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020 –sellado
entre la Junta y los agentes económicos y sociales del Consejo del Diálogo
Social– y la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León
–que prevé su desarrollo a través de un Plan Director de Promoción Industrial–.

En este contexto se ha elaborado el documento al que hoy han
prestado su respaldo cinco fuerzas políticas con presencia en la Cámara
autonómica. Para su redacción se han tenido en cuenta las aportaciones
realizadas por los grupos de las Cortes, el Consejo del Diálogo Social y el
Consejo Económico y Social (CES), así como por las entidades, instituciones y
organizaciones más representativas de la Comunidad.

Incrementar el peso industrial y el gasto público en I+D+i,
objetivos clave

El Plan Director de Promoción Industrial establece cuatro
objetivos generales. El primero es reindustrializar y avanzar en el liderazgo
industrial de Castilla y León para que la industria manufacturera represente el
20 % del VAB en el año 2020. Los esfuerzos se centrarán en el crecimiento de los
sectores definidos en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para
una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020.

En segundo lugar, el texto recoge el compromiso de incrementar el
gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3 % del gasto no financiero del
presupuesto de las consejerías para 2019, con el objetivo de llegar al 3 % del
PIB entre la inversión pública y privada en el ejercicio siguiente.

De este modo, la Junta asegura un apoyo económico mínimo de 350
millones de euros en concepto de ciencia y tecnología en 2020, entre fondos
presupuestarios y extrapresupuestarios, aunque según los cálculos estimativos
será incluso mayor, de 378,25 millones. Si se suman los recursos previstos
durante el horizonte completo del Plan, 2017-2020, el volumen de inversión
directa e inducida en innovación alcanzará los 1.433 millones de euros.

El tercer reto pasa por impulsar nuevas actividades productivas,
potenciar los recursos endógenos como fuente de riqueza y reforzar los sectores
industriales consolidados en el territorio. Y, en cuarto y último lugar, se
diseñan medidas para aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del
sector.

El acuerdo firmado hoy amplía estos objetivos con otros nuevos y
por ello el documento se incorporará al Plan Director de Promoción Industrial.
En concreto, el texto del pacto subraya el apoyo al carbón autóctono en el
modelo productivo y plantea abordar el reequilibrio territorial de la
implantación industrial en la Comunidad para favorecer su cohesión económica y
social. También propone mejorar la financiación de iniciativas industriales
mediante la conversión de Sodical –sociedad participada por la Agencia de
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE)– en un
Instituto Financiero de Castilla y León.

En paralelo, precisa que se trabajará en el impulso a
infraestructuras como los parques tecnológicos de Valladolid, León y Burgos, y
en mejorar la capacidad logística y de la red ferroviaria para el transporte de
mercancías de la mano del Gobierno de España.

Cinco ejes de actuación transversal y seis sectores prioritarios

Para cumplir estos retos, el Plan articula una batería de medidas
horizontales, dirigidas a mejorar la competitividad del tejido industrial en
sentido amplio, y otras de carácter vertical, poniendo el acento en determinadas
actividades por su relevancia actual o potencial.

La política transversal descansa sobre cinco ejes: dimensión del
sector; innovación tecnológica y digitalización; internacionalización;
financiación, y entorno industrial. En el caso de los tres primeros, se trata de
apoyar el emprendimiento, la creación y consolidación de empresas, e incidir en
la atracción de inversiones; avanzar en la implantación de la Industria 4.0 y
poner en marcha un Plan de Retorno Profesional y Científico, y ampliar la base
de compañías exportadoras.

En cuanto a la financiación, el objetivo es instrumentar apoyos a
la medida de las necesidades de las empresas y garantizar que ningún proyecto
viable se queda en el cajón por falta de respaldo. La Lanzadera Financiera de
Castilla y León, basada en la colaboración público-privada, seguirá siendo la
herramienta de referencia y ampliará su oferta con nuevos productos. En este
sentido, cobrarán especial relevancia el capital riesgo, como palanca para el
crecimiento, y los programas diseñados para apoyar el emprendimiento y la
innovación.

Para la mejora del entorno industrial, en quinto y último lugar,
se continuará trabajando en la simplificación administrativa; en la puesta a
disposición de infraestructuras de suelo, logísticas y de telecomunicaciones, y
en otras iniciativas de competitividad, como las de ahorro y eficiencia
energética o la cualificación del capital humano.

Junto a las medidas de alcance general, el Plan Director de
Promoción Industrial contiene otras específicas diseñadas para los seis sectores
que la RIS3 cataloga como prioritarios por su capacidad generadora de riqueza y
empleo: agroalimentación; automoción, componentes y equipos; salud y calidad de
vida; energía y medio ambiente industrial; hábitat; industria cultural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Proyectos prioritarios y programas territoriales de Fomento

La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y
León también prevé cómo dar respuesta a situaciones excepcionales y, en este
sentido, el Plan Director de Promoción Industrial hace referencia a los
Proyectos Industriales Prioritarios y a los Programas Territoriales de Fomento.

La Junta podrá declarar Proyecto Industrial Prioritario toda
propuesta de inversión orientada a la implantación o ampliación de una o varias
instalaciones industriales cuando estime que implica una expansión significativa
del tejido industrial de Castilla y León o contribuye a su consolidación. Esta
figura debe justificarse en razones de interés general.

En lo que respecta a los Programas Territoriales de Fomento,
podrán ser aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda –previa consulta a
otros departamentos del Gobierno autonómico competentes y tras escuchar al
Consejo del Diálogo Social– e implicarán la adopción de medidas específicas en
uno o varios territorios por las siguientes circunstancias: que se produzcan
crisis empresariales de gran impacto; que la localización de la zona o su
concentración de recursos endógenos aconsejen un impulso a su industrialización,
o que la ausencia estructural y objetiva de actividad industrial precise de la
intervención de la Administración para garantizar un equilibrio territorial. En
todo caso, se prestará especial atención a las zonas rurales.

El Plan Director de Promoción Industrial será aprobado por el
Consejo de Gobierno y remitido a las Cortes para su validación. Una Comisión de
Seguimiento evaluará cada año los avances conseguidos. Además, la consejera de
Economía y Hacienda comparecerá ante la Comisión del ramo en las Cortes para
presentar el correspondiente informe anual de ejecución. En la primera reunión
de este órgano parlamentario, la Junta propondrá y debatirá con los grupos la
propuesta de Programas Territoriales de Fomento dirigidos a promover el
reequilibrio de la industria en Castilla y León.