El Pleno del Parlamento Europeo respaldó ayer que se endurecieran las inspecciones alimentarias en toda la cadena de suministro, desde el productor al consumidor. La nueva normativa, acordada ya informalmente con el Consejo, pretende mejorar la trazabilidad de los alimentos, combatir el fraude y recuperar la confianza de los consumidores en la cadena alimentaria tras escándalos como el de la carne de caballo.

La legislación establece un sistema de control más amplio y efectivo en los ámbitos de seguridad de los alimentos y piensos, salud veterinaria y vegetal, producción orgánica e indicaciones geográficas protegidas.

“Tras el escándalo en torno a la carne de caballo, los consumidores tenían dudas sobre la trazabilidad de los alimentos y la integridad de la cadena de suministro. Las nuevas normas permitirán a las autoridades combatir de manera efectiva las prácticas fraudulentas”, señaló l a ponente parlamentaria del texto, Karin Kadenbach (S&D, Austria),

“Estoy especialmente orgullosa de que el Parlamento lograra reforzar la cuestión del cumplimiento, sobre todo en lo referido a las sanciones por infracciones intencionadas de la legislación. Confío en que la existencia de penas verdaderamente disuasorias será clave para combatir el fraude”, agregó.

El acuerdo negociado por los eurodiputados con el Consejo de Ministros prevé inspecciones por sorpresa en todos los sectores, un cumplimiento más estricto de la normativa ante prácticas fraudulentas o engañosas, requisitos para la importación de animales y plantas y controles por parte de la Comisión en los estados miembros y en terceros países.

Varios casos recientes de fraude alimentario como el escándalo por el uso de carne de caballo, han demostrado la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los consumidores y a los operadores honrados ante los riesgos derivados de vacíos legales en cualquier punto de la cadena de distribución alimentaria.

Para establecer un marco común armonizado, la propuesta de reglamento reúne, en un sólo texto, los controles oficiales para todos los sectores de la cadena agroalimentaria (actualmente repartidos entre unos 16 reglamentos o directivas). La propuesta pretende acabar con el solapamiento de normativas y permitir a las autoridades reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia, mediante, por ejemplo, procedimientos rápidos para la acreditación de laboratorios oficiales.