El pleno del Parlamento Europeo vota esta semana medidas para impulsar el recorte de emisiones contaminantes sin perder competitividad industrial. El objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema europeo de comercio de derechos de emisión, pensado para obligar a pagar por contaminar. La bajada del precio del carbono ha restado eficacia a este instrumento, motivo por el que la UE está negociando revisarlo.

El sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) cubre desde 2005 las emisiones contaminantes de 11.000 plantas eléctricas e industriales, a las que se exige estar en posesión de un permiso de emisión por cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) que arrojen a la atmósfera.

La mayoría de esos permisos se venden en subastas. Sin embargo, una parte se concede de forma gratuita a las compañías en riesgo de deslocalización, es decir, aquellas que podrían trasladarse fuera de la UE a regiones con reglas medioambientales menos ambiciosas.

La UE es el tercer emisor del mundo, tras China y Estados Unidos. Su meta medioambiental es lograr una reducción de las emisiones del 40 por ciento en 2030, en comparación con los niveles de 1990.

Bajada del precio del carbono

Cuando la UE creó el sistema de comercio de emisión, calculó que la tonelada de CO2 costaría unos 30 euros. La realidad fue otra, el precio del carbono llegó a bajar hasta los 2,46 euros en su momento más crítico, en abril de 2013, y ahora se paga a 5,3 euros.

En la práctica, por tanto, resulta muy barato contaminar y las compañías tienen poco incentivo para invertir en tecnologías limpias.

La Comisión Europea propuso una serie de medidas para hacer frente a esta situación, sobre las que este martes se pronunciará el pleno. Los cambios que propongan los eurodiputados sentarán las bases para negociar la normativa final con los gobiernos de la UE.

El eurodiputado conservador británico, Ian Duncan, es el responsable del Parlamento Europeo para esta negociación. Fuente: PE