La Alianza UPA-COAG felicita públicamente a todos los Grupos Parlamentarios que conforman las Cortes de Castilla y León por la unanimidad alcanzada en relación a la aprobación, ayer por la tarde en sesión plenaria, de una Proposición No de Ley por la que se insta al Gobierno central a que realice un cambio normativo, similar al introducido en 2006 en la legislación italiana, que permita a nuestros apicultores diferenciar a través del etiquetado sus producciones frente a las de otros países, lo que a su vez permitirá a los consumidores identificar el origen de las mieles que consumen.
Desde el Sector Apícola de la Alianza UPA-COAG se ha trabajado intensamente para sacar adelante esta Proposición No de Ley, dirigiéndose por escrito a todos los Grupos Parlamentarios; se ha reunido con el Grupo Popular que es el que la ha defendido ante el Pleno, y ha colaborado activamente aportando datos e información relativa al sector, así como en la redacción del texto finalmente aprobado por unanimidad.
La aprobación de la PNL, que se une a las que ya se han aprobado en otros Parlamentos Autonómicos, es un hecho sumamente positivo para el sector apícola en general y para los apicultores profesionales en particular. Esta actuación se ha desarrollado por la Alianza UPA-COAG en Castilla y León, y se enmarca en una iniciativa de COAG desarrollado a nivel de todo el estado.
En relación a lo anterior, lamentamos las actuaciones de algunos que, en un acto de auténtico “vampirismo sindical agrario”, pretenden aprovecharse ahora mediáticamente del trabajo desarrollado por la Alianza UPA-COAG ante las instituciones y ante los tribunales, presentando como propios logros o iniciativas que sólo nosotros hemos trabajado. Es el caso de esta PNL, pero también de las sentencias sobre la ayuda a la remolacha o para las indemnizaciones por los daños del lobo, por ejemplo.
Nuestra organización lleva años denunciando la falta de transparencia que posibilita la aplicación de la Directiva 2001/110/CE de la Miel en España, ahora modificada por la Directiva 2014/63/UE, ya que permite a los operadores, por ejemplo, etiquetar mieles de fuera de la UE como “mezcla de mieles UE – no UE” (en casos de adición de pequeñas cantidades de miel europea a las mezclas) sin indicar los países en los que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como “mezcla de mieles no UE” sin indicar si la miel comercializada proviene de China o de Ucrania.
Esto va en contra de lo establecido en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ya que las leyendas admitidas por la Directiva inducen a confusión a los consumidores que, aunque quieran, son incapaces de identificar el origen de la miel que adquieren. La situación resulta cada vez más preocupante porque las importaciones provenientes de terceros países son crecientes y porque las rutas por las que ingresan en nuestro país son cada vez más complejas.
Las importaciones masivas de miel a bajo precio (y menor calidad) están poniendo en serio riesgo el mantenimiento de nuestra apicultura. Los apicultores profesionales son muy necesarios porque prestan un servicio público y medioambiental estratégico para la sociedad y la naturaleza: el 76% de la producción de alimentos y el 84% de las especies de plantas dependen de la polinización que realizan las abejas. Precisamente la polinización es el principal bien que nos proporcionan las abejas, siendo además los productos de la colmena (miel, polen, cera…), excelentes.
Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en importancia apícola y cuenta con 432.536 colmenas. Es la primera CCAA en número de explotaciones (5.071), pero sólo el 12% son apicultores profesionales. El número de apicultores profesionales en Castilla y León ha disminuido en los últimos años.
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