La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León,  Milagros Marcos, intervino ayer  en la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo, en relación con el cierre de Lauki, solicitando que se
investigue la actuación de Lactalis en relación con el cierre de Lauki. La
petición de la Consejera de abrir esta investigación recibió el apoyo de unánime
de todos los grupos políticos, lo cual es un hecho histórico en la Comisión de
Peticiones, según ha declarado la propia Consejera a la salida de su
comparecencia.  

Durante
su intervención ante los europarlamentarios, la Consejera Marcos ha solicitado
que se investiguen tres cuestiones en relación con el cierre de Lauki. En primer
lugar, la Consejera Marcos ha planteado se están conculcando los derechos que
tienen los trabajadores, al estar realizando una deslocalización planificada,
destruyendo 85 empleos. Desde que Lactalis adquirió Lauki, la factoría ha visto
reducida a la mitad su producción anual y su empleo.  Esta reducción  no se ha
producido por falta de demanda y de competitividad de la planta, sino por la
derivación de la producción y de la maquinaria desde la planta de Valladolid
hacia otras plantas del grupo,  provocando que su actual índice de utilización
esté en torno al 50%. Aún así, la fábrica arrojó un beneficio de 2 millones de
euros en el último ejercicio contable, gracias a la inaplicación de los
trabajadores.

Según el informe de la “Fundación para el Anclaje”, la fábrica de
Lauki podría ser una de las plantas más competitivas del grupo si tuviera el
mismo porcentaje de utilización que otras plantas análogas. Sin embargo,
Lactalis ha realizado una deslocalización planificada de la misma porque los 85
empleados de la planta de Valladolid tienen un salario medio superior, debido a
su antiguedad, con respecto al de los empleados de la planta a la que van a
derivar el grueso de la producción.

El segundo punto que la Consejera ha
planteado es que Lactalis podría haberse aprovechado de las  convocatorias
públicas de fondos estructurales para la deslocalización de la empresa. Desde
2010, mientras se reducía la actividad de la planta de Valladolid, la empresa
accedía a  convocatorias de ayudas de fondos estructurales europeos, con el
objetivo de aumentar la capacidad de otras plantas. Marcos ha destacado que
estos fondos, en ningún caso deben contribuir a promover el crecimiento de unas
factorías para favorecer posteriormente el cierre de otras, con el único fin de
incrementar la cuenta de resultados de sus accionistas, sin consideración alguna
del efecto social que eso produce. Además, Lactalis se niega, incluso, a vender
la factoría a un comprador lácteo para evitar así la posible competencia a su
propio negocio. Marcos ha hecho hincapié en que hay que
impedir que con fondos públicos de cualquier índole se ponga en riesgo la
cohesión territorial y el desarrollo rural.  

En tercer lugar, la Consejera ha planteado
que se puede estar contraviniendo todos los principios de responsabilidad social
al llevar a cabo una deslocalización tan sumamente injustificada. La decisión de
cierre está basado en la maximización de beneficio en el corto plazo, sin
consideración alguna al impacto humano, y por lo tanto social, sobre las 85
familias vinculadas directamente a su actividad y 100 ganaderos de Castilla y
León que entregan su leche en esta factoría.

La Consejera Marcos ha concluido insistiendo
ante la Comisión de Peticiones, que "se investigue lo anteriormente expuesto,
para evitar, ahora y también en el futuro, situaciones en las que grandes
empresas tomen decisiones al margen de criterios técnicos y sociales utilizando
fondos estructurales para promover falta de solidaridad y cohesion".