Se han cumplido los 30 años de la implantación de la Política Agraria Común (PAC) en España y es un buen momento para hacer balance y reflexión sobre nuestra andadura comunitaria y analizar su impacto en el trabajo diario de agricultores y ganaderos.

Esta herramienta ha traído una estructura financiera específica para la agricultura y ha ayudado a fortalecer determinadas líneas como el desarrollo rural y las ayudas directas, por lo que la Política Agraria Común durante estos 30 años encierra algunos aspectos positivos. Pero, desgraciadamente, la valoración global para la agricultura mediterránea es negativa, ya que ha sido altamente restrictiva con nosotros en claro beneficio de la agricultura continental (Francia y Alemania). Nosotros, como productores de frutas y hortalizas que se engloban dentro del arco mediterráneo, no podemos estar contentos con la PAC porque el groso de las ayudas siempre van dirigidas a otros modelos de agricultura. Asimismo, tampoco se han alcanzado los objetivos básicos que se proyectan en la PAC como, por ejemplo, la mejora de la renta del agricultor. Y es que, ¿para qué queremos una política agraria común si todavía no ha conseguido que los agricultores y ganaderos que tienen en esta actividad su sustento económico principal, puedan subsistir de ella? No podemos hacer una valoración positiva para nuestra agricultura cuando en la Comunidad Valenciana tan sólo el 1% de los agricultores profesionales tiene menos de 35 años. La triste realidad es que no hay relevo generacional, por lo que el futuro del sector está estancado y la PAC no hace nada para impulsarlo.

En este sentido, otro aspecto clave en el que considero que la PAC ha hecho aguas es en las ayudas directas. ASAJA, como organización agraria, entiende que éstas son importantes para el sector, pero bajo nuestro punto de vista, hubiera sido mejor que gran parte del presupuesto de la PAC se destinara a impulsar las medidas de mercado, es decir, que estuvieran enfocas en poner en marcha mecanismos para que fluya la ley de la oferta y la demanda, para regular y hacer que la competencia funcione, y que el mercado sea el único protagonista que retribuya al agricultor. Es inadmisible que el agricultor haga ganar dinero a todos los que intervienen en la cadena alimentaria menos a sí mismo. El problema es que el precio se pone en destino y grandes cadenas de compra deciden el precio, la forma de pago, la forma de entrega… Sistema con el productor está vendido y condenado a percibir precios ínfimos. En consecuencia de esto, el escenario que ha propiciado la PAC es que muchos agricultores, simplemente, dependan y sobrevivan de las ayudas directas y no del funcionamiento de los mercados. ¿Qué es mejor para un país pobre y sin recursos, llevarles comida y agua cada equis tiempo para que puedan ir subsistiendo, o proporcionar a sus gentes herramientas como la educación, el conocimiento y los materiales para que construyan su propio futuro y puedan prosperar por sí solos sin depender de terceras personas? Pues esta es la situación de la agricultura mediterránea. Desde Europa nos dan lo básico para sobrevivir, pero no hacen funcionar el sistema de mercado para que nos mantengamos por nosotros mismos y sea sólo el mercado el que retribuya al agricultor.
Como tercera asignatura pendiente de la Política Agraria Común, quiero referirme al principio de preferencia comunitaria, es decir, a conseguir funcionar como una verdadera frontera. Hablo del hecho de proteger, con carácter prioritario, las producciones de los 28 países que formamos parte de la UE. Tenemos que empezar a actuar ya como una Unión Europea cohesionada y exigir lo que hace Estados Unidos, ateniéndose al principio de preferencia comunitaria, que no es, ni más ni menos, que darle valor al producto y a los productores nacionales. En EE.UU disponen de una normativa por la cual, hasta que no venden todos los cítricos de su país, no importan producto extranjero.

Por último, quiero hablar del principio de reciprocidad. A los agricultores se nos queda cara de tontos cuando la UE permite que alimentos producidos en terceros países que han sido tratados con productos fitosanitarios, los cuales llevan 15 años prohibidos en Europa, entren dentro de nuestras fronteras. Cuando esto ocurre, se está produciendo una competencia desleal gravísima que hace que nos planteemos si nuestra agricultura es sostenible y si no se está resquebrajando la premisa del esfuerzo y el trabajo que vela por garantizar la seguridad alimentaria. Es necesario invertir presupuesto en llevar a cabo unos controles rigurosos en puerto y la entrada de productos procedentes de países de fuera de la UE debe limitarse.

Con todo esto, la valoración de los 30 años de PAC en España no puede ser positiva, sino todo lo contrario. La PAC no ha conseguido sus objetivos y, lo más grave, es que
se resquebrajan algunos de sus pilares básicos, como el relevo generacional y la renta del agricultor. Es una verdadera pena que teniendo a nuestra disposición una herramienta con tanto potencial como esta, de todos los políticos que han pasado durante estos 30 años por Europa ninguno haya sabido sacarle los beneficios que prometía cuando se creó.