El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, insistió ayer, en comisión parlamentaria en la necesidad de que el Pacto Nacional del Agua tenga un trato específico para Almería. Esto estaría justificado en las especiales características del campo almeriense, al ser esta provincia el mayor productor español de hortalizas, y por su falta de disponibilidad de recursos hídricos y la muy escasa pluviometría, situación que tiene naturaleza estructural y que repercute en un aumento en los costes de producción.
La mejora del uso del agua, el consenso entre los principales afectados, la implicación de todas las administraciones conforme a sus competencias y la corresponsabilidad de los agentes públicos y privados en esta materia; han sido las grandes propuestas del consejero en esta comisión para el sector agrícola almeriense, que con más de 2.300 millones de euros en producción supone más del 20% del total de Andalulcía, aportando el 40% del PIB almeriense y generando 110.000 empleos entre directos e indirectos.
El consejero ha recordado también la implicación de la Junta de Andalucía, manifiesta en la estrecha colaboración entre las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en la interlocución permanente con el sector. En este sentido ha recordado las reuniones mantenidas en los últimos meses con la Comunidad de Usuarios de Aguas de la comarca de Níjar, los regantes del Almanzora y los representantes de la Mesa del Agua de Almería, en la que ambas consejerías trataron con sus interlocutores distintas propuestas para actuar ante el déficit hídrico en Almería.
Por todo ello, ha explicado Sánchez Haro, «el Gobierno Central debe asumir sus competencias y realizar las inversiones que necesita la provincia y que están en el ámbito de las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente». En este sentido, la Junta de Andalucía ha solicitado del Ministerio que rebaje el precio del agua desalada, cuya regulación deber abordarse sin dilaciones, «garantizando un trato más justo e igualitario en las reducciones del precio del agua desalada, rechazando rebajas a la carta e impidiendo decisiones que antepongan intereses partidistas que enfrentan a los distintos territorios». El segundo lugar, el titular de Agricultura ha pedido una potenciación del uso de las desaladoras, para lo que el Estado debe finalizar las construcciones de las infraestructuras previstas, y poner a plena capacidad las que están en funcionamiento.
Otro de los aspectos destacados en su comparecencia en sede parlamentaria ha sido la cuestión del trasvase Negratín-Almanzora, al respecto de lo que ha manifestado las inquietudes que le trasladan los regantes del Almanzora. El consejero ha advertido que ya ha pedido al Estado que garantice el trasvase mediante un decreto-ley que dé seguridad jurídica a los regantes.
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