El Ministerio de Agricultura, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), ha propuesto que se consolide la reducción base del 10% para todas las líneas de seguros agrarios. Esta medida, que estaría incluida en el 39º Plan nacional de seguros agrarios, ha sido rechazada “frontalmente” por los agricultores, pues consideran que sería “dar la puntilla” a un sistema que ya de por sí excluye a muchos productores por su alto coste.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se ha posicionado en contra de la aprobación de dicho plan, pues considera que el recorte generará un colapso de la contratación que expulsará a un gran número de usuarios del sistema.

El recorte es “ilógico e incongruente”, sentencian, con el posicionamiento del departamento que dirige Isabel García Tejerina, que siempre afirma que lo que es asegurable no es indemnizable, y que los seguros agrarios son la mejor garantía para el sector primario. “Tristemente constatamos que los políticos, una vez más, dicen una cosa y hacen la contraria”, han lamentado.

El recorte nacional conllevará a su vez recortes de algunas de las subvenciones autonómicas, que se establecen en algunos casos a través de un porcentaje de las que otorga el Ministerio de Agricultura, por lo que el encarecimiento de las pólizas sería aún mayor.

Este recorte llega, según UPA, en el peor momento, cuando el incremento de la percepción del riesgo está en máximos, tras un año catastrófico en lo meteorológico y cuando los agricultores y ganaderos son cada día más conscientes de los efectos del cambio climático en la rentabilidad de sus explotaciones.

“Si queremos salvar un sistema que es la envidia de Europa y que debe tener mucho futuro”, UPA ha propuesto que se destinen al menos 265 millones de euros al año a financiarlo, que no se contabilice el apoyo a la retirada de cadáveres y que se establezca una modulación sobre las subvenciones de tal modo que reciban más ayuda aquellas explotaciones que más lo necesiten, y no sólo las más grandes