Tras la adopción por el Consejo de Ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo de la parte correspondiente a la agricultura y el desarrollo rural del llamado Reglamento «ómnibus», estará vigente desde el 1 de enero de 2018 toda una serie de mejoras de gran calado de la normativa agraria de la UE. Dicho Reglamento modifica el Reglamento Financiero por el que se rige la ejecución del presupuesto de la UE, así como otros quince actos legislativos referidos a diferentes sectores, incluido el de la agricultura.

Entre las mejoras sustanciales que incluye el Reglamento «ómnibus» cabe citar las siguientes:

– Los agricultores ven reforzada su posición en la cadena agroalimentaria. Las nuevas normas van a incluir cláusulas de reparto del valor que negociará cada sector de producción y otorgan por primera vez a los agricultores el derecho a exigir un contrato escrito (a menos que las transacciones sean con pymes).

– Se introducen instrumentos más sencillos de gestión de riesgos para ayudar a los agricultores, lo que incluye un instrumento de estabilización de los ingresos específico para cada sector, así como mejoras en los regímenes de seguros que permitirán que los agricultores cuya producción o ingresos experimenten una reducción de al menos un 20 % reciban una indemnización de hasta el 70 %.

– Se establecen normas más claras en lo que respecta a la intervención en los mercados, gracias a lo cual la Comisión va a poder actuar rápidamente para contrarrestar las disfunciones del mercado, sin tener que recurrir a medidas de intervención pública o de almacenamiento privado.

– Los Estados miembros dispondrán de mayor flexibilidad para prestar apoyo a sectores específicos de importancia económica, social o medioambiental a través de la ayuda asociada voluntaria, incluso si tales sectores no están en crisis.

– Se fijan normas más claras en materia de ayuda a los agricultores, en particular mediante una definición más flexible de lo que se considera agricultor activo y unos incentivos más sustanciales para los jóvenes agricultores, pues los pagos adicionales se incrementan del 25 % al 50 % y se garantiza a todos los jóvenes agricultores el derecho a disfrutar del subsidio completo de cinco años para esos pagos, con independencia del momento en que los hayan solicitado dentro de los cinco primeros años de su establecimiento.

– Se mejoran las medidas medioambientales, con la simplificación de las normas sobre diversificación de cultivos y la incorporación de tres nuevos tipos de superficies de interés ecológico centrados en los cultivos fijadores de nitrógeno, de modo que los agricultores y las autoridades nacionales disponen de más opciones a las que acogerse en función de sus circunstancias particulares.