Photo: J. DeJong.

ASAJA de Castilla y León califica como “imposible” poder cumplir a corto plazo la normativa sobre gestión de purines, aprobada por el Ministerio de Agricultura desoyendo las quejas del sector y en concreto ignorando las alegaciones presentadas por ASAJA. “Un cambio tan importante no puede hacerse de la noche a la mañana y a golpe de Real Decreto, sin hacer ningún esfuerzo por lograr un mínimo consenso con el sector”, lamenta la organización profesional agraria.

Desde que tuvo conocimiento de la posibilidad de que se aprobaran estas normas, ASAJA expresó sus críticas, en primer lugar porque no garantiza el objetivo que pretende, mejorar la gestión de los nitratos, y sí por el contrario implica fuertes gastos e inconvenientes para los ganaderos que gestionan estos residuos y también para los agricultores que los usan como abono orgánico. En Castilla y León, ASAJA expuso hace muchos meses sus dudas en el Consejo Agrario, aunque en todo este tiempo no se ha convocado ninguna reunión por parte de la administración para tratar sobre las consecuencias de este cambio de normativa.

“Lo cierto es que ahora la normativa está aprobada y la dureza con la que se aplique queda en manos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que tiene la obligación de adaptar el Real Decreto a las necesidades del sector de Castilla y León y lograr que las condiciones sean lo menos lesivas posibles para los agricultores y ganaderos”, subraya la OPA.

ASAJA considera imprescindible que la Junta permita un periodo moratorio de diez años que permita al sector adaptarse al nuevo sistema y amortizar la maquinaria que en este momento tiene, que ha supuesto fuertes inversiones para los agricultores y ganaderos. “Hoy por hoy, salvo un puñado de grandes empresas, la inmensa mayoría de las explotaciones no cuentan con los elementos precisos para cumplir la nueva normativa, que implica tractores de más caballaje y maquinaria más específica y costosa”, indica la organización agraria.

Además, hay que considerar la diversidad de la Comunidad Autónoma, que implica numerosas fincas con fuerte pendiente y pequeñas dimensiones, que hacen muy difícil esparcir el purín atendiendo a las normas marcadas desde los despachos de la administración. “El sector hace estas tareas muchas veces de la única forma que es posible, no por capricho, como parecen presumir los legisladores”.

Hay que recordar que esta modificación se recoge en las normas de la condicionalidad que a partir de esta campaña PAC 2018 deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. Es decir, su no cumplimiento acarrea penalizaciones en las ayudas. Un tema por lo tanto muy grave, que exige una rápida actuación de la Junta para evitar un golpe de enormes dimensiones en las numerosas granjas de porcino de Castilla y León.