Photo: J. DeJong.

El 1 de enero entró en vigor el Real Decreto con cambios en la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España, y entre otros aspectos se modifican las normas de la condicionalidad relacionadas con la aplicación en las tierras agrícolas de purines, que no podrá realizarse  como hasta ahora mediante sistemas de plato o abanico ni cañones, y estiércoles, que tendrán que ser obligatoriamente enterrados en el menor plazo de tiempo posible.

Bajo su punto de vista, con esta norma el MAPAMA va más allá de las restricciones que impone la propia reglamentación europea en materia de condicionalidad y puede afectar muy seriamente a los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, que deberían adaptar su maquinaria o adquirir otra nueva, con inversiones económicas muy costosas, o que verían como su maquinaria recientemente adquirida y aún sin amortizar ya no sirve.  Además, se estaría dificultando que los ganaderos puedan dar salida a sus producciones de purín y estiércol fuera de sus explotaciones al imponerse restricciones de uso a los agricultores que pueden motivar su pérdida de interés por emplear purines y estiércoles.

La Alianza UPA-COAG considera un contrasentido que se imponga por normativa europea el mantenimiento de materia orgánica en el suelo y, sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura se pongan pegas a estos sistemas tradicionales de abonado, que no hacen otra cosa que aumentar el nivel de esa materia orgánica, y tratándose además de cambios que pueden resultar contraproducentes pues podrían llevar a un cambio de estos por fertilizantes minerales, de producción industrial, que no aportan materia orgánica al suelo. Además, pretender el entierro de los estiércoles con la obligación de labrar el suelo va en contra de la filosofía y eficiencia energética de sistemas como el mínimo laboreo o la siembra directa, prácticas ampliamente extendidas en Castilla y León y cada vez más fomentadas desde las propias Administraciones.

En base a todo lo anterior, desde la Alianza UPA-COAG mantuvimos recientemente este encuentro en Valladolid para exponer la problemática y reclamar un plazo de 5 años para que los agricultores puedan adaptarse a esta normativa, además de apoyos económicos explícitos para la adquisición de maquinaria que deberá adaptarse a las nuevas necesidades.

Debe tenerse en cuenta, como añadido, que si otros territorios nacionales son más permisivos, los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma estarían en inferioridad al no poder ser tan competitivos, no sólo respecto de ellos sino también respecto de los de otros países europeos más permisivos.