El Ministerio de Agricultura está trabajando en  un borrador de Real Decreto sobre condiciones de contratación en el sector lácteo y el reconocimiento de las organizaciones de productores. Este borrador busca transponer a la legislación española algunas modificaciones introducidas en la normativa comunitaria.

Una de las novedades es que el contrato entre productor y primer comprador podría incluir cláusulas de reparto de valor , que determinen la manera en que se reparten entre las partes,  los beneficios y las pérdidas comerciales, derivados de la evolución de los precios de mercado de los productos lácteos o de las  materias primas. La interprofesión láctea podría establecer cláusulas normalizadas de este reparto del valor.

Otra novedad significativa es que el precio de la leche que mensualmente publica el Fega en su web solo podría usarse como parámetro de referenciación de precios en los contratos, con un peso nunca superior al 50%. Según el Ministerio, al obtener este precio de las  declaraciones obligatorias de entregas de leche, que implica en la actualidad, un volumen de leche considerable, cada vez se trata de un precio más uniforme que puede falsear las señales del mercado.

La exigencia de un aval de 150.000 euros a los primeros compradores de leche para que responda del pago a los ganaderos es otra modificación.

Además, para mejorar la transparencia a lo largo de la cadena de valor, el borrador incluye la exigencia adicional de que el primer comprador declare el volumen de leche vendida al siguiente eslabón de la cadena y su precio.  Esta declaración debería realizarse en los primeros veinte días del mes, de manera informática, dónde se contabilicen todas las cantidades de leche cruda vendidas con indicación del precio en el mes inmediatamente anterior, incluso en el supuesto de no haber realizado ventas en cuyo caso, la cantidad reflejada será «0». La declaración comprendería las cantidades totales mensuales vendidas a cada comprador y el precio medio ponderado recibido de cada comprador en tales ventas.

Otra novedad es que se permitiría que las organizaciones y asociaciones de productores puedan solicitar  el dictamen de la Comisión Europea sobre la compatibilidad de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas. Asimismo, le permitiría  la posibilidad de que los estados miembros establezcan la obligatoriedad para las partes de acordar en los contratos una relación entre una determinada cantidad entregada y el precio a pagar por dicha entrega, en aras de una mayor claridad y transparencia contractual.