La Comisión Europea quiere dar más transparencia a los procesos de autorización basados en evaluaciones científicas y fomentar la confianza en los estudios científicos sobre seguridad alimentaria. Esta es la respuesta dada por Bruselas, una vez que en octubre pasado aceptó una Iniciativa Ciudadana Europea, firmada por más de un millón de europeos,  para la prohibición del glifosato y la protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos.

Para ello, la Comisión propone una revisión específica del Reglamento sobre la legislación alimentaria general, así como la revisión de 8 actos legislativos sectoriales referidos a los OMG, los aditivos en los piensos, los aromas de humo, los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos, los aditivos, las enzimas alimentarias y los aromas alimentarios, los productos fitosanitarios y los nuevos alimentos.

La Comisión se centrará en que los ciudadanos tengan un mayor acceso a la información presentada a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre las autorizaciones relativas a la cadena agroalimentaria, permitirá a la Comisión pedir estudios adicionales e involucrará más estrechamente a los científicos de los Estados miembros en los procedimientos de autorización.

Las propuestas legislativas se remitirán ahora al Parlamento Europeo y a los Estados miembros para su adopción. La Comisión aspira a que la presente propuesta se adopte aún en la actual legislatura, es decir, de aquí a mediados de 2019, con vistas a su rápida aplicación.

Los elementos esenciales de la propuesta son:

• Garantizar una mayor transparencia, permitiendo a los ciudadanos un acceso inmediato y automático a toda la información relacionada con la seguridad presentada por la industria en el proceso de determinación del riesgo;
• Crear un registro europeo común de los estudios encargados, para garantizar que las empresas que solicitan una autorización presenten toda la información pertinente, y no oculten los estudios que les son desfavorables;
• Hacer posible que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria pueda exigir estudios complementarios, a petición de la Comisión y con cargo al presupuesto de la Unión;
• Hacer obligatoria la consulta de las partes interesadas y los ciudadanos sobre los estudios presentados por la industria en apoyo de sus solicitudes de autorización de productos;
• Aumentar la participación de los Estados miembros en la estructura de gobernanza de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y en sus comisiones técnicas científicas;
• Reforzar la comunicación del riesgo a los ciudadanos, con acciones comunes para aumentar la confianza de los consumidores, fomentando su sensibilización y su comprensión y explicando mejor los dictámenes científicos que emite la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como el fundamento de las decisiones de determinación del riesgo.