El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha instado al Parlamento de Andalucía a rechazar “frontalmente” el recorte del 16% de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) que propone la Comisión Europea (CE). Así lo ha manifestado en el pleno de la cámara autonómica, donde ha alertado de los “efectos irreversibles” de una disminución “reconocida por la propia Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo” y que requiere, ha insistido, “contundencia y firmeza” en la negociación por parte del Gobierno central.
Sánchez Haro, ante la gravedad de la situación, tras confirmarse desde Bruselas la denuncia hecha desde Andalucía, ha incidido en la “urgencia” de una Política Agrícola Común “más justa y mejor equilibrada” que la actual, “fuerte, inclusiva y diversa” y en la que “no se pierda ni un euro”. En esta línea, el consejero ha vuelto a reclamar una PAC con instrumentos como una limitación máxima de las ayudas directas (capping) en busca de una reparto más equitativo.
El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha ahondado en la importancia de afrontar una redistribución de las partidas que revierta una situación como la actual, en la que, en Andalucía, el 80% de los beneficiarios (171.000 personas) reciben apenas el 20% de estos fondos (274 millones de euros al año), mientras que el 1,25% (3.000 grandes perceptores) se embolsa el 27% (370 millones de euros por campaña). “Tenemos que aumentar lo que llega a esa inmensa mayoría y dar respuesta así a los pequeños y medianos agricultores”, ha sentenciado.
Para el consejero, “es absolutamente imperativo, porque estamos en un momento decisivo, en el que toca posicionarse”, que el Parlamento autonómico exprese “con claridad” que quiere una Política Agrícola Común que, “de verdad, ayude a mantener los pueblos vivos”. La PAC ha de ser capaz, ha apostillado, de “atender e impulsar una agricultura como la andaluza, diversificada, sostenible, que lucha contra la desertificación y que genera, a la vez, empleo y riqueza, de fortalecer la agroindustria y garantizar, en definitiva, el desarrollo de nuestro medio rural”.
La política agraria comunitaria, desde la óptica de Sánchez Haro, en último término, debe orientar “todos sus esfuerzos” a una agricultura para las personas. Con ello, ha hecho referencia tanto a quienes trabajan en exclusiva en el campo como a aquellos que complementan su renta con otras actividades, “pieza clave para el mantenimiento de la actividad, de la biodiversidad y para la fijación de la población”, así como a la necesidad de eliminar “cualquier obstáculo” a la incorporación de las mujeres y de atraer a los jóvenes.
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