Castilla-La Mancha será la primera Comunidad Autónoma en ampliar hasta los dos kilómetros, la distancia para la instalación de las granjas de porcino, de nueva instalación o ampliaciones de las ya existentes producción, a los núcleos urbanos. Las explotaciones de porcino afectadas por esta nueva norma serían las de más de 33 UGM.
Actualmente, la normativa nacional fija 1 km de separación (Real Decreto 324/2000). Por tanto, Castilla-La Mancha doblaría la distancia y sería la primera Comunidad Autónoma en establecer esta separación. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
El decreto sobre en el que se está trabajando y que se publicará el próximo mes de septiembre, establece además, las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
El consejero de Agricultura ha recalcado que en la región se apuesta por un modelo de ganadería extensiva pero ha insistido en que no se opone a la ganadería intensiva, que también es necesaria. “Castilla-La Mancha es probablemente la Comunidad Autónoma española donde menos ganadería de intensivo de porcino hay”, ha remarcado.
El compromiso regional es anteponer la ganadería extensiva y, frente a otras comunidades en las que el número de solicitantes de granjas porcinas supera los 400, en Castilla-La Mancha apenas existen 50 solicitudes. También, es comparable el número inferior de explotaciones de porcino existentes en la provincia de Cuenca, con 140, la mayoría de ellas familiares, ante las más de 1.500 en la Región de Murcia, territorios con extensiones similares.
A esta medida de duplicar la distancia, se le une, además, la existente en política ambiental, que es “muy estricta”. Todos los expedientes de instalaciones porcinas que se analizan y que llegan avalados por los Ayuntamiento hasta la Viceconsejería de Medio Ambiente, “como cualquier otro proyecto empresarial que se quiera poner en marcha en la región”, ha explicado, “tienen condicionantes ambientales muy exigentes y lo sabes perfectamente las empresas”.
Asimismo, ha declarado que “donde no se quiera una granja de porcino, al igual que cualquier otro proyecto empresarial, los ayuntamientos tienen la potestad de retirar el proyecto como órgano sustantivo y no habría ni que analizarlo desde el punto de vista ambiental”.
De otro lado, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha publicó la semana pasada la segunda convocatoria de ayudas para la mejora de explotaciones por importe de 40 millones de euros. En el caso concreto del porcino, las granjas de tamaño pequeño y mediano, de menos de 1.000 cerdos de cebo o de 200 madres en ciclo cerrado, todas ellas de tipo familiar, se podrán beneficiar de las mismas.
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