Ecologistas en Acción lleva años denunciando las múltiples ocupaciones de vías pecuarias sin autorización por parte de grandes empresas, pero más de una década después, la Delegación Territorial afectada no ha iniciado ningún expediente sancionador. Es posible que algunos funcionarios de la Junta alarguen y desvíen los procedimientos administrativos y que no inicien expedientes sancionadores para que esas empresas no paguen las tasas correspondientes.
El juez instructor ha abierto diligencias previas por las denuncias a Salvador Camacho y José Gallardo por presuntos delitos de prevaricación por omisión, fraude contra la Administración pública y administración desleal, en trece expedientes de ocupación de vías pecuarias que afectan a compañías eléctricas, tanatorios, almazaras, etc.
En la denuncia presentada se recuerda que la ley 8/1997 estipula unas tasas de ocupación en vías pecuarias y dice “La cantidad dineraria que, en su caso, y de conformidad con la legislación vigente, deba satisfacer el beneficiario de la ocupación, se destinará a la conservación, vigilancia y mejora de las vías pecuarias”. Es decir que la desidia de los funcionarios ha provocado un doble perjuicio a la Administración pública: que no se ingresen las posibles sanciones y que las arcas públicas dejen de cobrar importantes cantidades de dinero en concepto de tasa 00.43.
Ecologistas en Acción se personará en este caso para defender uno de los patrimonios más valiosos que tenemos, la red de vías pecuarias, que en Andalucía cuenta con 34.082 kilómetros de longitud.
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