Hoy, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo va aprobar su posición sobre la propuesta de Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. En la semana del 22 de octubre se aprobará en el Pleno de PE y ya está acordado con la Presidencia Austríaca que los Trílogos (negociaciones a tres bandas: Presidencia del Consejo, PE y Comisión) se inicien inmediatamente después .

El Parlamento Europeo y el Consejo podrían llegar a un acuerdo sobre esta propuesta de Directiva en las próximas Navidades. Hay voluntad políticas de que esta Directiva salga antes de que acabe la actual legislatura del PE, que termina en abril, según declaró  Paolo de Castro, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del PE, el pasado lunes  en Madrid.

La posición del PE es más ambiciosa que la de la Comisión pero los europarlamentarios son conscientes de que en las negociaciones que mantengan con el Consejo, habrá cuestiones a las que tendrán que renunciar en aras de conseguir llegar a un acuerdo. Será un hito que la UE finalmente consiga tener una normativa contra la prácticas comerciales desleales tras más de una década intentándolo.

Como anteriormente se mencionaba, la posición de la Comisión de Agricultura del PE es mucho más ambiciosa que la propuesta de Directiva de la Comisión Europea. Los europarlamentarios proponen:

–  Que la directiva se aplique a todas las empresas con independencia de su tamaño, ya que tanto las grandes como las pequeñas  pueden ser objeto de estas prácticas desleales. La propuesta de la Comisión limita el ámbito de aplicación a las PYMES.

– Que se aplique a otros productos que no son estrictamente agroalimentarios, como el agua, el algodón o la alimentación para mascotas.

– Que se  incluya la venta a pérdidas dentro de la lista de prácticas comerciales desleales. Esta es una medida muy demandada en los países del sur de la UE.

– Que se permita la denuncia por parte de una asociación de productores, de industriales o de la distribución para poder mantener la confidencialidad del denunciante.

– Que haya coordinación entre las autoridades competentes de cada país para tramitar las denuncias, de manera que si un productor español es objeto de una práctica desleal por parte de una empresa de otro país, este productor pueda denunciar a la autoridad competente española y que ésta se coordine con la del otro país. A un productor o a una pequeña industria le resultaría muy difícil, sino imposible, tramitar una denuncia en otro país.