Con los pantanos de cabecera a poco más de la cuarta parte de su capacidad, al 26%, la Comisión de Explotación del Tajo aprobó ayer otro trasvase de 38 hectómetros cúbicos (hm3) efectivos en el mes de marzo “para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras”. Una decisión que es criticada por Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, como un nuevo agravio al campo y al conjunto de la región.

El informe de situación, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y tomado en consideración por la Comisión, indica que, a 1 de marzo de 2019, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 643,7 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 23,3 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 620,4 hm3, superior al umbral de 591 hm3 que corresponde al mes de marzo. Por tanto, se constata que el sistema se encuentra en situación de nivel 2 y se procede a la autorización automática de un trasvase de 38 hm3.

Esto supone que desde diciembre de 2014 el Trasvase ha sacado de los pantanos de cabecera 623 hm3, es decir, prácticamente el mismo volumen que hoy tienen almacenado Entrepeñas y Buendía. “Y, sin embargo, el Gobierno no ha sido capaz de encontrar 25 hm3 para arreglar los expedientes de regularización de los agricultores profesionales del  Alto Guadiana… de vergüenza”, apuntan desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha.

La organización considera que “Este nuevo trasvase es otra bofetada que nos dan en el rostro del campo castellano-manchego, donde también tenemos importantes déficits que cubrir y necesidades que atender… la diferencia es que a nosotros nos suelen responder con recortes en las demandas”, calificando como penoso que nada se mueva en la hipoteca del Trasvase Tajo-Segura que pesa sobre nuestra región y que la respuesta del Gobierno a las reivindicaciones de solución a esta cuestión sea la misma, o sea ninguna, gobierne quien gobierne. La organización critica que todos los que pasan por Moncloa prefieran cerrar los ojos y que ningún Gobierno se atreva a acometer lo que inevitable tendrá que hacerse en algún momento: plantear de manera decidida alternativas a un trasvase, que es ya un camino inviable a futuro para atender las necesidades del Segura y un agravio permanente a los castellano-manchegos y especialmente a los agricultores y ganaderos.

Para Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, se trata además de unas necesidades, las del Levante, que, en ningún caso deberían seguir cubriéndose a costa del desarrollo de nuestra región. Si se dan por buenos los informes de la Universidad de Alicante que dicen que el Trasvase sostiene cada año 140.000 empleos en Alicante, Murcia y Almería, son 140.000 empleos que esos recursos podrían haber generado en Castilla-La Mancha y no ha sido así.

Dicho también de otra manera, la misma Universidad de Alicante, experta en lanzar informes en defensa del Trasvase, valora en 21.000 millones de euros lo que éste supone para las áreas receptoras, puesto que es la cantidad en la que cifra las indemnizaciones que tendría que pagar el Estado por cerrarlo. Esa cifra, (21.000 millones repetimos), contrasta con los escasos 4,1 millones de euros que recibe Castilla-La Mancha al año como compensación por despojarla de sus recursos hídricos. Entre 1986 y 2018, o sea, en 32 años, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura como cuencas cedentes han recibido una “indemnización” por el trasvase de unos 310 millones de euros. La respuesta de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha es sencilla… “que se queden con el dinero y nos dejen el agua” manifiestan desde la organización.