Tras la prohibición de las prácticas comerciales desleales y la mejora de la cooperación de los productores, la Comisión Europea ha presentado el tercer elemento destinado a mejorar la equidad en la cadena de suministro de alimentos, introduciendo mayor transparencia en lo que concierne a la forma de comunicar los precios a lo largo de esa cadena.
Si bien abunda la información sobre mucho de lo que acaece en los mercados agrícolas (precios, volúmenes de producción, existencias, etc.), prácticamente no existen datos de mercado sobre otros mercados clave de la cadena de suministro agroalimentaria, a saber, los mercados que operan entre los agricultores y los consumidores a nivel de la transformación de alimentos y a nivel del comercio minorista.
Esta asimetría informativa entre los agricultores y los demás agentes de la cadena de suministro de alimentos supone que los agricultores se encuentran en una situación de notable desventaja en el mercado y merma la confianza en un comercio justo. La falta de información procedente de los transformadores y minoristas sobre la evolución del mercado ha sido denominada la «caja negra» de la cadena agroalimentaria: con la propuesta presentada se va a abrir esa caja.
Las medidas propuestas se aplicarán a los sectores de la carne, los huevos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas, los cultivos herbáceos, el azúcar y el aceite de oliva. Toman como base los sistemas y procedimientos de recogida de datos que ya existen y que utilizan los operadores y los Estados miembros para notificar la información de mercado a la Comisión, si bien ahora su ámbito de aplicación es más amplio.
Cada Estado miembro será responsable de la recogida de datos sobre precios y mercados. La Comisión recomienda que los Estados miembros elijan el enfoque más rentable y que las pequeñas y medianas empresas no sean su objetivo a efectos de la reducción de la carga administrativa. Los Estados miembros comunicarán los datos a la Comisión, la cual, a través del portal de datos agroalimentarios y los observatorios de los mercados de la UE, facilitará a su vez el acceso a esa supervisión. Es esencial que los Estados miembros proporcionen una información precisa y que lo hagan en el momento oportuno.
La propuesta se somete ahora a un período de consulta pública de cuatro semanas. A continuación será adoptada por la Comisión Europea y está previsto que entre en vigor seis meses después de su adopción.
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