El Ministerio de Agricultura ha comunicado a la Comisión Europea las necesidades de fondos para la financiación de los programas operativos de las organizaciones de productores en el sector de frutas y hortalizas para la anualidad 2020, que asciende a 302 millones de euros. De esta cantidad, más de 32 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado lo que supone cerca del 11% del total.

Se trata de una previsión que se realiza a principio de cada anualidad, en función de los programas operativos aprobados por las Comunidades Autónomas, por lo que la ayuda final será aproximadamente del 80%-85% de dicha cifra.

En la presente anualidad 2020 la solicitud de ayuda prevista se incrementa un 4% respecto a 2019 y un 19% respecto a la media de los 5 últimos años.

Las beneficiarias serán 470 organizaciones de productores repartidas en 15 Comunidades Autónomas destacando Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Extremadura.

España es el segundo Estado miembro receptor de estas ayudas con el 25% del total de la Unión Europea tras Italia, una ayuda que ha seguido una evolución al alza desde su creación en 1997.

Régimen de ayudas en el sector de frutas y hortalizas

El régimen de ayudas al sector de las frutas y hortalizas se regula por el Reglamento (UE) nº 1308/2013 y se desarrolla normativamente en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 891/2017.

Se benefician de este régimen las organizaciones de productores reconocidas que constituyan un fondo operativo para financiar su programa operativo plurianual.

El importe de las ayudas se destina a la cofinanciación al 50% –  60% en algunos casos, de las acciones contenidas en dicho programa operativo. Medidas destinadas a la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, la mejora de la calidad y del medio ambiente, la investigación, formación y asesoría, planificación de la producción y medidas de prevención y gestión de crisis de mercado, entre otras.

El montante total de la ayuda para cada OPFH puede alcanzar el 4,1% del valor de la producción comercializada de cada organización de productores, que se puede elevar al 4,6% para acciones de prevención y gestión de crisis.