El Tribunal Constitucional de Francia ha dictaminado que es constitucional la norma de prohibir la producción, almacenamiento y venta a terceros países de productos fitosanitarios que estén prohibidos en la UE. Esta prohibición está recogida en la Ley francesa de agricultura y alimentación (Ley Egalim) que fue aprobada el 30 de octubre de 2018. La prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2022.
El dictamen del Tribunal Constitucional es consecuencia del recurso presentado por la patronal francesa de empresas de fitosanitarios (UIPP), que había cuestionado su constitucionalidad.
Francia es el único país del mundo que tiene una disposición de este tipo. La UIPP considera que esta norma perjudicará al país, porque generará que la producción de dichos productos se reubique en otros países, porque no se van a dejar de producir.
En consecuencia, Francia perderá empleos y los productos se seguirán usando en los países en los que están autorizados de acuerdo con las regulaciones locales, ya que la prohibición francesa no les afectaría.
La organización agraria francesa, CR, ha pedido que de la misma forma, se aplique artículo 44 de la mencionada ley Égalim, que establece la prohibición de venta o distribución de forma gratuita para el consumo humano o animal de alimentos o productos agrícolas para los que se ha utilizado productos fitofarmacéuticos o veterinarios o alimentos para animales no autorizados por la normativa europea o que no respetan los requisitos de identificación y trazabilidad impuestos por estas mismas normativas .
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