La modificación de la Ley 12/2013 de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria a través de un Real Decreto Ley y el resto de medidas aprobadas por parte del Gobierno como respuesta ante las protestas del sector son inútiles para paliar la crisis del campo. La referenciación de los precios de los contratos alimentarios a los costes de producción, las actividades promocionales para evitar la banalización de los productos o la prohibición de venta a pérdidas serán de difícil cumplimiento si no se acompañan de una definición más clara de las prácticas desleales, controles o multas disuasorias que garanticen que al final no se abuse del eslabón más débil y se evite la posición de dominio de la distribución y la industria. Tampoco servirá de nada esta reforma si los acuerdos de importación de productos de países terceros que provocan una gravísima competencia desleal con nuestros productos no se revisan para exigir las mismas reglas del juego en cuanto a estándares de calidad y seguridad alimentaria y cómo mínimo se garantice el cumplimiento de los contingentes de importación actuales.

Con respecto al resto de medidas aprobadas, como la reducción de 35 a 20 del número de jornadas cotizadas para acceder al subsidio por desempleo supondrá más dificultad para contratar, unido a la subida del salario mínimo interprofesional. Y menos sentido tiene todavía la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en indefinidos o contratos fijos discontinuos puesto que, por definición, en el campo se trabaja por campañas y el empleo es de temporada. No se podrá hacer. Solo es positivo el cambio en la ley del IRPF para mejorar la tributación de los jóvenes agricultores, ya que permitirá imputar en cuatro años los importes de las ayudas a primera instalación en los programas de desarrollo rural de forma que no se concentren en el año en que se reciben. Por lo demás, se quedan en el tintero cuestiones como los cambios en el IVA a los ganaderos y agricultores; la obligatoriedad de marcar el origen del producto en el etiquetado; la reducción de las tarifas eléctricas; la inversión en modernización o la mayor dotación de los seguros agrarios, ahora más un artículo de lujo que una herramienta de trabajo para agricultores y ganaderos.