El Gobierno aprobó hace días un decreto con ciertas medidas para facilitar la disponibilidad de mano de obra agraria, como consecuencia del Coronavirus (Real Decreto-Ley 13/2020). Concretamente, la norma permite emplear a trabajadores que estén cobrando prestaciones o ayudas al desempleo (o al cese de actividad, en el caso de autónomos) o por estar acogidos a ERTES, así como a inmigrantes con el permiso de trabajo que caduque durante el estado de alarma (prorrogándose el mismo) y a jóvenes de entre 18 y 21 años, inmigrantes también de países terceros, en situación regular.
Además, hay una condición adicional, tiene que ser una contratación de proximidad, es decir, el domicilio del trabajador o el lugar en el que pernocte durante el tiempo que dure el trabajo, tiene que estar “próximo” al sitio de trabajo. El Real Decreto-Ley establece que la “proximidad” se limita al término municipal o a los limítrofes, si bien las CCAAA tienen la posibilidad de modificar ese criterio.
Algunas CCAA ya lo han hecho, para adaptarlo a las características de sus territorios:
– La Rioja ha fijado 80 km
– Aragón ha fijado toda la comunidad autónoma.
– Castilla-La Mancha ha fijado toda la Comunidad Autónoma.
– Castilla y León ha fijado toda la provincia, con la posibilidad de poder adentrarse en la provincia limítrofe unos 30 km, con carácter orientativo
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