La Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que las ayudas que se planteen para el sector vitivinícola tengan en cuenta las características de cada territorio, con el objetivo de adoptar medidas reales de ajuste que eviten desequilibrios en el reparto.

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha señalado el impacto de la crisis sanitaria para la producción vitivinícola por el cierre del canal Horeca, el descenso de las exportaciones y la merma del turismo

Las propuestas para paliar estas pérdidas plantean programas de destilación en crisis, subvenciones al almacenamiento privado y otras medidas como la cosecha en verde.

Estas medidas están actualmente debatiéndose en la reunión entre Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para coordinar la reestructuración de fondos del Programa de Apoyo al sector vitivinícola español (PASVE), una línea presupuestaria de la Unión Europea dotada con 210 millones de euros para la promoción, reestructuración y reconversión de viñedos, entre otras inversiones.

La destilación de crisis -programas de retirada de excedente que permiten estabilizar el mercado- es la que suscita un mayor apoyo por parte del sector valenciano, siempre que los precios eviten criterios de concesión que coloquen a algunas zonas en una situación privilegiada con respecto al resto.

En este sentido, la Conselleria ha defendido una perspectiva «cualitativa» de las ayudas a la destilación en crisis, que tengan en cuenta un conjunto de factores como la graduación alcohólica, el rendimiento o que den preferencia a las solicitudes con Denominación de Origen.

La propuesta valenciana, coordinada con el conjunto del sector, tanto las tres Denominaciones de Origen Protegida (Alicante, Valencia y Utiel-Requena) como la Indicación Geográfica Protegida Vins de la Terra de Castelló y las cooperativas, aboga por un precio de entrega a la destilación no inferior a 3 euros por hectogrado, que ascendería a los 3,18 euros por hectogrado en el caso de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Asimismo ha puesto de manifiesto que la concesión territorializada permitiría a cada comunidad autónoma decidir sobre las acciones que mejor se adapten a la realidad y las necesidades de su sector.

El departamento que dirige Mireia Mollà ha apelado, también, por poner en marcha otras medidas como las campañas de promoción de consumo local y de proximidad en el mercado nacional. Un fomento en el consumo doméstico que serviría para dar salida a la producción que en condiciones normales se distribuye a través del canal Horeca.

Mollà ha destacado la importancia de la viticultura en la Comunitat, un cultivo que cubre 18.000 hectáreas del territorio y que en 2018 alcanzó un valor de la producción final vegetal de 100 millones de euros. Un valor productivo que se traslada también al empleo, ya que a los puestos de trabajo directamente asociados al campo añade los de bodega, almacenamiento y transformación.

Apoyo al sector del cava

La Conselleria alerta también al Ministerio de Agricultura sobre la importancia de poner en marcha medidas que reequilibren el mercado y apoyen la destilación de crisis de vino base para el sector cavista ante el exceso de potencial productivo y de estocaje en el que se encuentra la denominación.

El departamento se une a las reivindicaciones de los productores de cava y de vino base para cava, un sector amparado por una figura de calidad que exige un tratamiento diferenciado para poder sufragar lo