La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, anunció ayer el apoyo y las ayudas del Gobierno andaluz al sector vitivinícola, uno de los más perjudicados por la crisis del Covid-19. El Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establece apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias especialmente afectadas por el Covid-19 mediante estas ayudas que se conceden con carácter extraordinario. Crespo ha señalado que la Junta cuenta con 38 millones de euros que han sido autorizados por Europa en concepto del 2% del Feader de la Comunidad andaluza y tras la petición expresa realizada en este sentido por el Gobierno autonómico el 15 de abril.

La petición realizada desde Andalucía consistía en la modificación del artículo 18 del Reglamento de la Unión Europea con el fin de mejorar la liquidez del sector agrario andaluz afectado por el Covid-19. De esta manera, se solicitaba que el Programa de Desarrollo Rural (PDR) pudiera establecer excepciones específicas respecto a las pérdidas de ingresos derivadas de desastres naturales o catástrofes cuando éstas sean generalizadas y de especial magnitud.

El pasado 24 de junio Bruselas aprobó definitivamente esta modificación de la que ahora podrán beneficiarse todos los estados de la UE, de manera que, ha señalado Crespo, «Andalucía está de enhorabuena porque así se lo han reconocido los miembros de la Unión Europea. Gracias a la fórmula expuesta por Andalucía van a poder tener acceso a esta medida todas las comunidades autónomas y todos los países miembros.».

Ahora la decisión adoptada se recogerá en el PDR como Medida 21 «Ayuda excepcional a los sectores afectados por la crisis del Covid-19». En este sentido, la titular de Agricultura ha señalado que «vamos a poner todos los medios necesarios para desarrollar esta medida y vamos a darnos la mayor prisa posible porque con esta pandemia no podemos perder tiempo». También ha explicado que la ayuda consistirá en el pago a tanto alzado de hasta 50.000 euros por pyme agroalimentaria y hasta 7.000 euros por agricultor o ganadero.

La consejera ha recordado que la crisis sanitaria ha golpeado duramente a los sectores agroalimentarios, quedando algunos de ellos especialmente dañados de manera que durante el estado de alarma «fuimos conscientes de que había sectores como el de la flor cortada y la planta ornamental, la ganadería extensiva y el sector vitivinícola, que estaban sufriendo de manera muy acuciante las consecuencias de la pandemia». En el caso del vino, se vio muy perjudicado al coincidir el estado de alarma con los meses de mayor venta, como consecuencia del cierre del canal Horeca y la suspensión de eventos y celebraciones.

Además, también ha reconocido que este impacto se ve más agravado aún en el caso de las bodegas inscritas en Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas (DOP e IGP), que además de ver reducidos sus ingresos deben asumir los costes adicionales por certificación, elaboración y comercialización de sus vinos. Por este motivo, ha dicho la consejera, «estamos aquí para ayudarlas con esta posibilidad que estaban esperando y vamos a ir dando prioridad a los que más se hayan podido ver afectados».