Los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Región de Murcia, Juanma Moreno y Fernando López Miras, respectivamente, firmaron ayer una Declaración Institucional en Defensa del Trasvase Tajo-Segura de Andalucía y Murcia, ya que el gobierno de la Nación quiere cambiar las reglas de explotación del trasvase lo que afectaría tanto al abastecimiento de miles de ciudadanos del Levante español como a las numerosas explotaciones agrarias ubicadas en esta zona.

Solo en la provincia de Almería, el trasvase representa el 25% del agua que llega. Esos 15 hectómetros cúbicos que provienen del Tajo permiten regar y mantener en producción unas 24.000 hectáreas de cultivo. Además, parte del agua trasvasada, 9 hectómetros cúbicos, también garantiza el abastecimiento a cerca de 130.000 vecinos del Levante almeriense (y a 2,5 millones en total con Murcia y Alicante). En esta línea, cabe reseñar que el trasvase genera un impacto de más de 3.000 millones de euros en el PIB.

«Nos unimos para defender los intereses de nuestro sector agrícola y frente a una decisión que, a nuestro juicio, es unilateral, sin diálogo ni acuerdo, terriblemente injusta que supone un recorte de 80 hectómetros cúbicos al año. Es un cambio impuesto», ha indicado Moreno, al tiempo que ha asegurado que no existe ningún tipo de razón jurídica, medioambiental ni justificación de peso que haga recomendar al Gobierno de España tomar esta decisión. «Una decisión que es grave y severa para los intereses del Levante español». En este punto, ha apuntado que desconoce si ésta es política o de otro tipo.

López Miras mostró su “preocupación por el interés del Ejecutivo central de cerrar el trasvase, tal y como manifestó hace hoy tres años el propio presidente del Gobierno”, y explicó que “si se lleva a cabo la propuesta unilateral de las normas de explotación del Tajo-Segura se va a reducir casi un 50 por ciento de los caudales que se reciben y eso va a afectar a muchas familias”.

Asimismo, Andalucía y Murcia reclaman que se lleven a efecto las inversiones precisas en Castilla-La Mancha en materia de depuración y saneamiento, así como en regadío y abastecimiento, para evitar tanto la contaminación del río Tajo como para permitir el acceso a las aguas del trasvase a la población y los regantes de dicha comunidad autónoma y enfatizan la necesidad de que se garanticen las condiciones actuales del Trasvase Tajo-Segura y se reconozca como infraestructura esencial para el sostenimiento de los sectores productivos del Sureste español y el desarrollo de este territorio, así como para el bienestar de cuantos dependen de su abastecimiento, evitando, para ello, medidas como la modificación de las reglas de explotación o el anunciado establecimiento de unos caudales ecológicos en el río Tajo superiores a los actualmente en vigor.