En 2013 comenzaba la investigación, por parte del Seprona de la Guardia Civil, de la denominada “Operación Fresón», desarrollada en varias provincias españolas y que se saldó con la detención de 28 personas. Se realizaron 6 registros en diferentes empresas y domicilios, y se incautaron gran cantidad de productos fitosanitarios ilegales. En la Operación se pudo acreditar la línea completa de la actividad delictiva, desde el momento de la elaboración en Asia y la búsqueda de vías de contacto para proceder a la importación, hasta la posterior formulación y distribución en nuestro país. Ocho años más tarde, el proceso llega a su fin.

Por sentencia de fecha 8 de junio de 2021, la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 15 de los imputados en dicha causa a penas de prisión, que van desde los 6 meses hasta los 2 años y medio principalmente por delito continuado contra la salud pública, a los que se añaden falsedad en documento mercantil, pertenencia a organización criminal o contra la propiedad industrial por infracción de marcas y/o patentes, en función de las pruebas de la comisión de los citados delitos. Además de las penas de prisión, se añaden la inhabilitación para la comercialización de fitosanitarios, las multas correspondientes y el pago de las costas del procedimiento judicial.

AEPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, se personó como Acusación Popular en dicha causa por considerar gravísimos los delitos cometidos y para defender el respeto a la agricultura, al medio ambiente, a la salud y al bienestar general, y el buen uso de los productos fitosanitarios.

Hay que destacar que, a pesar del tiempo transcurrido, la Justicia ha sido rigurosa en el enjuiciamiento y gravedad de las penas a organizaciones criminales que cometen tales delitos.

Es misión de AEPLA aumentar la conciencia pública de los beneficios que los productos fitosanitarios ofrecen y fomentar las buenas prácticas agrícolas que garanticen su seguridad. Sin duda, la primera de ellas es la de luchar para que sólo los productos legalmente autorizados puedan ser comercializados. Por esa razón, una de nuestras principales preocupaciones en la última década ha sido el tráfico ilegal que de estos productos existe en toda Europa, y que supone un peligro para los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. Entendemos que es necesaria nuestra aportación para solucionar este problema, y por eso colaboramos con nuestras compañías, asociaciones de distribuidores y autoridades con el objetivo de atajarlo. Por ello, desde 2008 está en funcionamiento un teléfono de avisos (902 802 081) para informar de manera anónima de cualquier movimiento o actividad que pudiera estar relacionado con este tráfico ilegal de productos. Toda la información recibida, es remitida al Seprona y autoridades competentes.