Los estados miembro están ya ultimando los Planes Estratégicos de la futura PAC, aunque los reglamentos que la regularán todavía no están aprobados. El debate y aprobación de los mismos están previsto para el próximo 23 de noviembre, según ha recordado Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara.

Aguilera ha subrayado la importancia de invertir más recursos en el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC) y que España debería hacer en el futuro un traspaso de fondos del primer al segundo pilar, puesto que este último es fundamental para atraer mayor inversión en innovación, en modernización de explotaciones o regadíos, y más recursos para el relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

La partida que le corresponde a España para políticas de desarrollo rural en los años 2023 al 2027, cuando entre en vigor, asciende a 5.401 millones de euros, a lo que habría que añadir otros 1.087 millones de euros por parte del Estado y la cofinanciación de las comunidades autónomas. Por primera vez, apunta la eurodiputada, “irán encajadas en una planificación nacional y no habrá los programas de desarrollo regional que hasta ahora tenían las CCAA”.

A partir de que se apruebe la nueva PAC, 2021-2022 será un periodo transitorio. Las políticas de desarrollo rural han sido prorrogadas estos dos años, durante los que contarán con un presupuesto extraordinario de 2.400 millones de euros, a los que hay que unir los fondos del FEADER del Next Generation EU. De estos fondos, indica, a España le corresponden 717’6 millones.

Para el nuevo periodo, los programas LEADER, que vienen desarrollando los Grupos de Acción Local, seguirán con un apoyo similar al actual y con las competencias que cada comunidad determine, ya que serán los Gobiernos autonómicos los que seguirán gestionando el programa Leader, como hasta ahora. En su opinión, sería interesante también, un enfoque común y multifondo en las estrategias a desarrollar por los grupos de desarrollo rural y los grupos de desarrollo pesquero en aquellos territorios en los que coinciden, y así valorizar mejor las ayudas del FEADER y del FEMPA que correspondan.”, opina Aguilera.