La Comisión Europea ha hecho caso omiso a las múltiples peticiones que han realizado las organizaciones agrarias españolas en las que solicitaban que se prorrogara las medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de arroz de Myanmar y Camboya y que se extinguieron el pasado 17 de enero y la CE no ha mostrado ninguna intención de prorrogarla

Una investigación llevada a cabo por la Comisión en 2018 puso de manifiesto que las importaciones de arroz del tipo «índica» procedentes de estos dos países habían aumentado un 89 % en las cinco últimas temporadas arroceras, causado graves dificultades a los productores de arroz de la Unión, cuya cuota de mercado en la UE se redujo sustancialmente, del 61 % al 29 %. Por este motivo, Bruselas decidió reestablecer desde el 18 de enero de ese año, el derecho de aduana normal para arroz indica. Ese primer año fue de 175 €/t bajando a 150 €/t en el segundo año y a 125 €/t en el tercero.

A pesar de la medida, Myanmar esquivó dicha cláusula de salvaguardia, sustituyendo los envíos de arroz índica por arroz japónica –el tipo característico del campo valenciano– pasando de 31.500 t en 2018 a 158.700 t en 2020, según denunció AVA-ASAJA, quien pedía no solo la continuidad de los aranceles sino también que se aplicaran al arroz japónica (grano corto).

Además, la organización destaca que a medida que Myanmar y Camboya han recrudecido sus ataques al sistema democrático y a los derechos humanos, su reivindicación se amplía para exigir directamente la suspensión de todas sus concesiones al arroz con destino a la UE. Consideran que no deberían ser beneficiarios del régimen comercial «Todo menos armas» (TMA) de la Unión, que concede unilateralmente un acceso al mercado comunitario, libre de derechos y contingentes, a los países menos desarrollados del mundo (excepto para armas y municiones).